Los 20 expresidentes, que forman parte del foro internacional no gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), emitieron una declaración pública sobre Bolivia para pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), disponer medidas preventivas ante la “ruptura” del orden constitucional y democrático en Bolivia.

“Instamos, respetuosamente, a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA y de la UE, a mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales”, cita la declaración emitida el pasado sábado.
El documento fue apoyado por Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Enrique Bolaños (Nicaragua), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Vicente Fox (México), César Gaviria (Colombia), Felipe González (España), Osvaldo Hurtado (Ecuador) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).
Asimismo, respaldaron esta determinación Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Gustavo Noboa Bejarano (Ecuador), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
El 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo nacional en el que se preguntó a los bolivianos si estaba de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para que el presidente y vicepresidente puedan ser reelectos por dos veces de manera continua y la mayoría votó en contra de esa posibilidad.
Por tanto, por decisión del voto ciudadano, fue ratificado el artículo 168 que establece el periodo de mandato del presidente y vicepresidente en cinco años y define que pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.
Sin embargo, el oficialismo desconoció ese resultado y presentó una “acción de inconstitucionalidad abstracta” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 2017 emitió un fallo de aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana -referido a los derechos políticos que todo ciudadano tiene a ser elegido en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal- y de ese modo se dio vía libre a la repostulación sin límites del presidente Morales y otras autoridades electas.
Finalmente, el pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) terminó consolidando la pretensión del oficialismo y emitió una resolución de habilitación del presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones de 2019.