En una entrevista con medios estatales, el procurador dijo que los rivales políticos de Morales no tuvieron argumentos jurídicos para probar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la candidatura del mandatario indígena viola algún derecho, porque en última instancia son los electores los que decidirán quiénes son sus autoridades.
“Lo que hay en realidad, por parte de la oposición, es un ansia de no tener en la papeleta a un actor relevante en la política nacional, como es el presidente Evo Morales, quien cuenta con un amplio apoyo a nivel nacional y tiene todo el derecho legítimo de participar en una elección donde al fin y al cabo serán los propios electores quienes decidan por quien van a votar”, sustentó. 
La oposición sostiene que el 21 de febrero del 2016 un referéndum rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), para una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente.
El martes último, el órgano Electoral habilitó la candidatura de Morales y sustentó esa decisión en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que a finales del 2017 legitimó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la CPE.
“Los derechos políticos son derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana y, por otro lado, la presentación de un candidato a las elecciones generales no viola absolutamente ningún derecho. De hecho, profundiza la democracia en Bolivia, dándole la posibilidad de que sea el actor en última instancia defina a quien entregará su voto”, remarcó Menacho. El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró el domingo que el presidente Evo Morales, candidato del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene el derecho legítimo de participar en las elecciones primarias y generales de 2019.
En una entrevista con medios estatales, el procurador dijo que los rivales políticos de Morales no tuvieron argumentos jurídicos para probar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la candidatura del mandatario indígena viola algún derecho, porque en última instancia son los electores los que decidirán quiénes son sus autoridades.
“Lo que hay en realidad, por parte de la oposición, es un ansia de no tener en la papeleta a un actor relevante en la política nacional, como es el presidente Evo Morales, quien cuenta con un amplio apoyo a nivel nacional y tiene todo el derecho legítimo de participar en una elección donde al fin y al cabo serán los propios electores quienes decidan por quien van a votar”, sustentó. 
La oposición sostiene que el 21 de febrero del 2016 un referéndum rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), para una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente.
El martes último, el órgano Electoral habilitó la candidatura de Morales y sustentó esa decisión en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que a finales del 2017 legitimó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la CPE.
“Los derechos políticos son derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana y, por otro lado, la presentación de un candidato a las elecciones generales no viola absolutamente ningún derecho. De hecho, profundiza la democracia en Bolivia, dándole la posibilidad de que sea el actor en última instancia defina a quien entregará su voto”, remarcó Menacho.