En nuestro país existen dos posiciones claras e irreconciliables al respecto. Una de que el fallo es legal y bien fundamentado, que debe ser acatado y cumplido, con el efecto práctico de la habilitación indefinida como candidatos de los actuales gobernantes. La segunda que denuncia al fallo como una forzada interpretación legal del Pacto de San José, con el fin político de allanar la reelección del presidente Evo Morales, pese al referéndum del 21 de febrero que cerró esta posibilidad. A diario estas dos posiciones llegan a través de medios y redes sociales hasta la opinión pública boliviana, con una reiteración tóxica que irrita hasta al más indiferente de los ciudadanos.

Un aspecto que muchos ciudadanos no entendemos, pese a tener algunos estudios de lógica y razonamiento lingüístico, es cómo un fallo constitucional puede modificar a la textualidad de un artículo de la Constitución Política. Si el texto constitucional permanece intacto, porque no se modificó por acción del 21-F, entonces está vigente. Pero ahí llega el fallo y dice que no, que ese artículo en los hechos no tiene vigencia porque afecta a un derecho humano. Por tanto, en la práctica la Constitución no se está aplicando. Si este fallo se analiza con honestidad intelectual y rigor lógico no parece tener sentido.

Pese a estas serias dudas lógicas de significado, varios portavoces de Gobierno reiteran que el fallo es legal y constitucional. Esto es cierto porque ha sido tratado y emitido por una instancia legalmente establecida como el Tribunal Constitucional Plurinacional y ha seguido sus procedimientos, pero es también evidente que ha generado un entuerto de puta madre que nadie entiende, como suelen decir los españoles cuando pierden la paciencia.

Las plataformas ciudadanas y la oposición política apuntan a estas debilidades del fallo para denunciar la independencia de poderes en el país y el intento de eternizarse del oficialismo en el gobierno. De esta forma que el polémico fallo llegó a conocimiento de autoridades y juristas de la Corte Interamericana que deberá pronunciarse en una fecha aún no establecida.

Con seguridad que la opinión de la Corte, aunque no tenga la obligación de ser acatada porque es un punto de vista, tendrá un impacto en el país y dependerá en intensidad por el momento dado de la carrera electoral. Todo indica que el conflicto desatado por la reelección indefinida no acabará con la habilitación del binomio oficialista para las elecciones de octubre de 2019.