La controvertida decisión de la Sala Plena del TSE, para muchos previsible, se produjo como parte de la intensificada disputa política entre las oposiciones y el oficialismo en torno a la reelección presidencial. Mientras unos izan el resultado vinculante del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, los otros se remiten a la sentencia también vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre de 2017. Está en juego también, pues, una batalla interpretativa.

La decisión, además, se tomó en medio de presiones y amenazas contra las autoridades electorales. El hecho es que, en un contexto de fragilidad institucional, cuatro vocales votaron en sintonía con el oficialismo y dos lo hicieron en sintonía con la oposición (aunque en rigor, más que disidencia, hubo “abstención”, por lo que ninguno de los seis vocales votó por la inhabilitación). El saldo es que, más allá de expectativas y deseos, existe una resolución vigente de un órgano del poder público.

Tan diversas y polarizadas como las posiciones sobre la decisión del TSE son las lecturas acerca de sus consecuencias. Para el oficialismo, la resolución era un mero “trámite administrativo”: había que acatar la sentencia constitucional. Y el binomio Evo-Álvaro está en competencia para los comicios 2019. Para la oposición, en cambio, la decisión del Órgano Electoral implica desconocimiento del referéndum, violación del marco constitucional y poco menos que “la muerte” (sic) de la democracia.

¿Qué sigue? Para cerrar esta etapa del calendario electoral, corre una semana destinada al trámite de impugnaciones. Como parece improbable que el TSE dé marcha atrás en la habilitación del binomio del MAS-IPSP, el oficialismo redobla su apuesta por la definición en las urnas. Converge con opositores que, ya inmersos en el proceso electoral, en lugar de bajarse de la locomotora para intentar descarrilarla renuevan la demanda de unidad y la consigna del “voto castigo”. Es la vía pacífica y democrática.

Claro que algunos actores políticos, junto con activistas radicalizados del 21F, alientan un escenario de desestabilización y “desobediencia civil” (sic). Quieren inhabilitar al binomio gobernante, la renuncia de los vocales del TSE (que un candidato bautizó como la “banda de los seis”) y abrogar la Ley de Organizaciones Políticas dejando sin efecto las primarias. Es la vía nebulosa y rupturista. Ojalá que ante el riesgo de enfrentamiento entre bolivianos se imponga siempre el camino a las urnas.