Al hacer referencia al referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) en el que la mayoría de los bolivianos rechazó una nueva repostulación continua, concluye sin embargo que se respeta su resultado porque se mantiene vigente el artículo 168 de la Constitución.

El citado artículo refiere que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

“Corresponde referir que en fecha 21 de febrero de 2016, se llevó a cabo el Referendo Constitucional para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado en relación al artículo 168, dando como resultado su rechazo, manteniéndose en consecuencia vigente el texto constitucional”, afirma la resolución del TSE, en la que además se exponen los argumentos para la habilitación de otras cinco organizaciones políticas y dos alianzas.

En lo referido a la sentencia constitucional del TCP, concluye que su aplicación es inmediata desde que fue emitida y publicada en 2017.

La oposición calificó este hecho como una constatación más de que el TSE se encuentra sometido a los designios del Órgano Ejecutivo, mientras que el oficialismo consideró que los vocales únicamente cumplieron con la ley al aplicar el fallo del TCP.

“Los tres poderes del Estado se han sometido al Ejecutivo, que está a la cabeza de Morales (…) en el Legislativo se legalizan todas las leyes de Evo; el Órgano Judicial es aún peor porque genera persecuciones políticas, no solo a los líderes opositores sino a todos los ciudadanos (…) y ahora el Órgano Electoral”, dijo el senador del Movimiento Demócrata Social, en declaraciones a La Razón.

“Creo que esa resolución es absolutamente coherente, un candidato habilitado en las internas tiene que ser habilitado en las posteriores elecciones”, replicó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda. Dijo que el TSE sólo cumple con la legalidad y que posteriormente el pueblo se pronunciará por la legitimidad de las candidaturas en las urnas, en octubre de 2019.