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Medio: El País
Fecha de la publicación: domingo 09 de diciembre de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Se esperaba para el sábado 8 de diciembre; cívicos y plataformas opositoras habían organizado un paro cívico para el jueves 6 con la intención de meter la máxima presión para que el TSE decidiera obviar la sentencia constitucional que borró la limitación de mandatos y se aferrara a los resultados del referéndum del 21 de febrero como causal de inhabilitación. La convocatoria no venía tan fuerte, pero el anticipo acabó por desencadenar la protesta.
El TSE convocó diez minutos antes a conferencia de prensa y citó en un salón no habitual. La presidenta leyó apresuradamente y no se permitieron preguntas, aunque después se supo que dos de los seis vocales habían emitido criterio diferente: Dunia Sandoval y Antonio Costas.
Al día siguiente tuvo lugar la cita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia donde Gobierno y sociedad civil compartieron criterios sobre la habilitación o inhabilitación ante un Tribunal externo, sin poder real y que básicamente dejó su pronunciamiento en veremos.
El jueves llegó el paro cívico, contundente en Tarija, Santa Cruz y algunos barrios de La Paz; también en las capitales de departamento menos en Oruro. EL Gobierno optó, como siempre, por minimizar y los cívicos por guardar fuerzas: No habrá paro indefinido porque no hay muchas fuerzas para sostenerlo. Pero vendrán más acciones.
Lo cierto es que luego de la decisión y una vez comprobado que el asunto va en serio; y más allá de las calenturas que siguen circulando por las redes sobre la insurrección y otros llamamientos a la violencia, los opositores empiezan a hacer números. Con Demócratas apostando a bancada propia y Samuel Doria Medina fuera del escenario, Carlos Mesa se va quedando como único referente ante una pléyade de partidos minúsculos a los que se les carga el sambenito de la funcionalidad al MAS. Durante el jueves y el viernes fueron centenares los mensajes colgados en las redes de, por ejemplo, Virginio Lema (MNR) y Jaime Paz (PDC) para que bajen sus candidaturas y sumen a un solo bloque.
En esas andan también los dos partidos tarijeños de ámbito departamental que todavía no han decidido sus opciones luego de que Todos, la agrupación del gobernador, Adrián Oliva, cerrase acuerdo oficial con Carlos Mesa. Camino al Cambio, de Mauricio Lea Plaza y María Lourdes Vaca, ya habían pronunciado su preferencia por Carlos Mesa, pero se desconoce si habrá una formalización. Por el otro lado, UNIR de Óscar Montes, también con carácter departamental, criticó la fórmula de Mesa y se le preveía esta vez cerca de Doria Medina. Lo probable es que reedite alianza con Johnny Torres y apoye la candidatura de Virginio Lema, emulando lo que fue la campaña de Tuto Quiroga en 2014, que le acabó por brindar los dos tercios al MAS luego de dividir la oposición.
Asamblea apura los temas locales
Mientras toda la atención mediática se centra en el nivel nacional, en el departamental se empiezan a pasar algunos temas por debajo de la mesa para posicionarlos en lugares definitorios. La Asamblea Legislativa quiere cerrar antes de fin de año dos temas extremadamente polémicos: la Ley del 45 por ciento, que parece será archivada, y la Ley Electoral, que volverá a rayar la inconstitucionalidad con el tema de los subgobernadores. Sobre la mesa, también está la derogación de la Ley que posesionó subgobernador a William Guerrero sin sustrato legal.