El pasado 17 de octubre, el  (TCP) admitió el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 969 y anunció que se emitiría un fallo hasta la primera quincena de diciembre.

En aquella oportunidad, el presidente de la Comisión de Admisión del TCP, Zenón Bacarreza, explicó que la Sala Plena tiene un compromiso para resolver los recursos pendientes antes del receso de 2017 para no dejar procesos pendientes a los nuevos magistrados. También precisó que una vez sorteado el magistrado existe un plazo de 45 días para emitir un fallo.

Sin embargo, el Tribunal entro en receso el pasado 14 de diciembre sin pronunciarse sobre el caso.

Ante la demora, el diputado Norman Lazarte estimó que el fallo tendría que darse a conocer durante la primera quincena de enero con los nuevos magistrados.

La diputada Fernanda San Martín y el diputado Lazarte coincidieron, por separado, en que el TCP recibió condicionamientos por parte del “oficialismo” para priorizar los fallos relacionados a la repostulación del presidente Evo Morales y la Ley de Identidad de Género, que  impide a las personas que opten por el cambio de identidad para contraer matrimonio, adoptar hijos y derechos políticos, así como laborales.

La primera resolución se dio a conocer el pasado 28 de noviembre, mientras que la segunda fue publicada el 9 de noviembre.

San Martín cuestionó la legitimidad del TCP por las resoluciones y aseguró que las mismas se oponen a los derechos plasmados en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Definitivamente esto demuestra que el Tribunal Constitucional no tiene la mínima credibilidad, porque los últimos fallos han ido en contra de la propia Constitución”, afirmó.

El pasado 10 de noviembre, el TPC declaró constitucionales artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca que amplían la denominación de zonas autorizadas y legales a las áreas de producción de coca con registro de catastro y que están ubicados en Chapare; además  legalizan la ampliación de cultivos de la hoja de coca.

Asimismo, el TCP declaró la constitucionalidad de la Ley 233 de Fiscalización Técnica y Territorial.  La norma 233 y su complementaria, la 240, buscan combatir a los avasalladores y loteamientos en La Paz.

En tanto, el 14 de diciembre los magistrados del TPC establecieron suspender el pago de regalías a Santa Cruz por el megacampo gasífero Incahuasi y dejar en custodia los recursos hasta que se realice un nuevo estudio técnico.

“Se ha dado celeridad a otros temas como la repostulación de Evo Morales  después de nuestros recursos  y hasta el día de hoy no tenemos respuesta”, explicó Lazarte.

Los recursos de inconstitucionalidad del Tipnis fueron interpuestos entre el 16 y 18 de agosto por diputados opositores al Gobierno. A pesar del tiempo que transcurrió se priorizaron otros fallos.

4 meses sin resultados. Los recursos de inconstitucionalidad del Tipnis no tienen respuesta desde que se interpusieron en agosto pasado.

DIRIGENTES DEMANDAN MAYOR CELERIDAD

La presidenta de la subcentral de mujeres del Tipnis, Marqueza Teco, solicitó un inmediato pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ante las demoras registradas.

Por su parte, el presidente de la subcentral Tipnis, Fabián Gil, calificó la demora en el fallo del TCP como una “manipulación” por parte del Gobierno. “Mientras esté en el Gobierno Evo Morales estas cosas van a ocurrir”, afirmó Gil.

DATOS

Las acciones fueron presentadas en agosto. Las dos primeras acciones de inconstitucionalidad ingresaron al TCP entre el  17 y 23 de agosto. La última acción se remitió el 16 de septiembre contra los artículos 3, 9, 10 y la disposición abrogatoria.

La Constitución los ampara. El senador Ortíz afirmó que más allá de la Ley de Intangibilidad, sigue vigente la Constitución que en su artículo 385 preserva las áreas protegidas. Los artículos 388 y 403 también protegen a los territorios indígenas.

Morales aprueba y deroga intangibilidad. El presidente Evo Morales promulgó la Ley 180 de Intangibilidad del Tipnis  el 24 de octubre de 2011. Casi seis años después,  derogó la Ley que protegía al Tipnis y promulgó la Ley 969 el 13 de agosto de este año.

Acuden a instancias internacionales. Los  dirigentes del Tipnis denunciaron a Morales ante el Tribunal de Derechos de la Naturaleza.