El reporte mundial refiere que a pesar de las reformas legales al sistema de administración de justicia el uso extendido de la prisión preventiva, sumado a las a la retardación de justicia, ambos extremos en sí mismos ya son una vulneración a los derechos de las partes jurídicas, trae consigo secuelas estructurales como y la sobrepoblación carcelaria.

Las observaciones se extienden a la falta de independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.

El gobierno ha intentado reformar el sistema judicial boliviano, gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política. Si bien ciertamente se necesitan reformas, las iniciativas actuales suponen un grave riesgo para la independencia judicial del país, plantea el informe.

Miembros de los tres poderes de gobierno, como así también organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, debatieron sobre propuestas durante la “Cumbre Nacional de Justicia”. Las recomendaciones de la cumbre incluyeron reformar el proceso de selección de magistrados de tribunales superiores, crear un nuevo órgano para la supervisión de los jueces y evaluar el trabajo de los jueces y fiscales en ejercicio.

En enero de 2017, el Congreso creó una comisión para supervisar la implementación de las recomendaciones. La comisión tiene amplias facultades que incluyen “fiscalizar” la designación de nuevos jueces y llevar a cabo “otras acciones que sean necesarias” para implementar las recomendaciones. Cinco de los nueve miembros de la comisión son partidarios de Morales en la Asamblea Plurinacional o funcionarios gubernamentales nombrados directamente por el presidente.

SISTEMA CARCELARIO

Una de las mayores propuestas de cambio al sistema de administración de justicia arribó en el aún proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, que tiene como objetivo mejorar la administración de justicia a través de la regulación de los procedimientos que se siguen en un juicio dentro de un proceso penal.

“Esta ley traerá innovaciones en materia penal, todas las notificaciones  que no sean personales se desarrollarán por la vía informática” anunció en una reciente conferencia de prensa ofrecida por las autoridades del sistema de justicia, liderados por ministro cabeza de sector Héctor Arce Z.

Una de las propuestas para evitar la aplicación de la detención preventiva, que se ha convertido en uno de los mayores problemas para la administración de es aumentar las causales de la improcedencia de detención preventiva en los siguientes para personas mayores de 65 años, cuando la pena sea menor a 4 años, delitos de contenido patrimonial, en el caso de mujeres embarazadas y cualquier persona que tenga una guarda o custodia  única de un  menor. Además de que el  fiscal de materia tendrá atribuciones para determinar el tiempo para la detención preventiva.

El informe de Derechos Humanos, ve con preocupación que el extendido uso de la detención preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias, actualmente 18.900 reclusos en todo el país de los cuales 75% sin sentencia.

ACOSO A ACTIVISTAS

Según el informe el acoso a activistas defensores de los derechos es otra de las mayores preocupaciones, en febrero de este año, durante una manifestación en defensa del voto ciudadano del Referéndum del 21 de febrero, el activista sufrió un disparo por parte de efectivos de la policía, hecho que fue visto como un acto de amedrentamiento.

LIBERTAD DE EXPRESION

Con relación a la libertad de expresión, el informe de Derechos Humanos recuerda las reiteradas acusaciones a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el presidente. Las observaciones al Gobierno sobre este aspecto señala que los administradores públicos no han adoptado criterios transparentes relativos al uso de fondos gubernamentales para comprar pauta oficial, importante fuente de ingresos para los medios de comunicación—, y algunos medios han acusado a las autoridades de discriminar a aquellos que critican a funcionarios gubernamentales, negándoles publicidades.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las mujeres y niñas de Bolivia continúan expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. La ley tipificó el “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica) y exigió la creación de centros de acogida para mujeres, así como la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género, según la Encuesta nacional de Trabajo Infantil (ETI).