El tema del fallo puso en conflicto al Tribunal, ¿en qué situación deja al país este fallo?

La resolución que se ha emitido se centra básicamente en la aplicación normativa actual, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado a ocho binomios para que puedan participar y están asentados en la sentencia constitucional 084/2017, básicamente.

En el tema de las disidencias, ¿cuál es el fundamento que presentó?

La disidencia que hemos presentado con mi colega está fundada en eso, la existencia de esta sentencia constitucional y también los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016, que son de cumplimiento obligatorio y vinculantes a este proceso.
Entonces, nosotros consideramos que existe una colisión normativa; en función de ese criterio, hemos optado por un voto disidente de abstención porque creemos que si votamos a favor, por ejemplo, de la sentencia constitucional, incumplimos el aspecto vinculante del referéndum de febrero del año 2016. Y si votamos por el referendo y no aplicamos la sentencia constitucional, también vamos a encontrarnos un aspecto de incumplimiento; esta colisión normativa, que debería aplicarse en el procedimiento de habilitación, no es competencia del Tribunal Supremo Electoral, entonces tendría que remitirse nuevamente a consideración del Tribunal Constitucional, que en los hechos ha sido el que ha ocasionado esta situación.

¿No temen represalias? De hecho ya los han amenazado con un juicio.

No conozco exactamente cuál es esa demanda, no podría hacer un comentario preciso, en realidad nosotros hemos evitado incumplir la norma, ya sea la sentencia o los resultados del referéndum; al abstenernos hemos evitado incumplir cualquiera de las dos y hemos dado cumplimiento a ambas y, por esa razón, hemos llegado a la conclusión de que existe esta colisión normativa. A nadie se le puede obligar, a ninguna instancia del Estado, ni las amenazas, ni todo esto, a que incumplas una norma; yo he jurado cumplir las leyes. Y esto era previsible, por esa razón hemos enviado primero una nota, pidiendo una medida cautelar a la Defensoría del Pueblo y quiero agradecer las expresiones del defensor porque ha alertado sobre esta situación, porque nosotros debemos tener la libertad para tomar estas decisiones en uno u otro sentido, porque esa sí es nuestra competencia. Pero también enviamos una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se dicte una medida cautelar que prevea esto, y esta última amenaza, que viene a ser una más de las muchas que hemos recibido, está confirmando una situación controversial generada por esta sentencia constitucional, que es incompleta.

¿Cuál es el objetivo de esta petición a la CIDH?

No pueden sancionarnos por cumplir la ley, sea cual sea el fallo que nosotros vayamos a emitir debemos tener las condiciones mínimas para que, en estricta aplicación de la normativa, nosotros podamos emitir la resolución y eso es lo que hemos manifestado a la comisión y eso lo hemos pedido para la Sala, porque somos los seis los que tenemos que tomar esa decisión, tiene que existir un entorno que nos permita a nosotros hacer un trabajo enmarcado en la ley, en la Constitución sobre todo, y no resultado de todo este contexto tan convulsionado que tenemos ahora.

¿Ocasionó el fallo del TCP el problema por no ser preciso y ser genérico?

Sí, creo que sí.

¿Es incompleto?

Debió pronunciarse sobre el referéndum y sobre su efecto vinculante; si lo hubiera hecho, entonces yo creo que toda esta situación que se ha generado ya estaría superada, independientemente de que si la gente está conforme o inconforme, es el Tribunal Constitucional el que tiene la competencia para determinar aspectos relacionados con la Constitución y la constitucionalidad de las leyes.

La gente razona así, ¿qué sentido tiene ir a las urnas en 2019 si no se respeta el resultado de una elección?

Creo que son dos aspectos diferentes, todos han tenido que respetar los resultados y la votación del referéndum, porque de hecho la modificación del artículo 168 no se ha efectivizado, ese está vigente, en ese momento forma parte del ordenamiento legal que tenemos en nuestra Constitución Política del Estado; ahora indudablemente se ha modulado a través de una sentencia constitucional la aplicación de este artículo y ahí es donde yo, particularmente, encuentro que hay una colisión con lo que está previsto en el efecto vinculante del referéndum.

¿Estará intacta la institucionalidad, tomando en cuenta los antecesores que tenían y recientemente renunciaron dos vocales que dejaron sombras?

Sería equivocado decir que solamente la institucionalidad está afectada en el Órgano Electoral, yo creo que la institucionalidad está afectada en el Estado de Bolivia en general, fruto de esta coyuntura, de las condiciones que se han dado; el Órgano Electoral es un órgano que tiene que ver con la parte política y la parte política tiene que ver con el ejercicio del poder y sobre todo con el poder, entonces indudablemente va a ser al que más se afecte; pero otras instancias también, no solamente es el Órgano Electoral, sino hay otras instancias del Estado que están afectadas, hay un funcionamiento interesante de algunas instituciones, pero en general no creo que estemos pasando por el mejor momento a nivel institucional.

En su criterio, ¿deberían suspenderse las primarias, considerando la situación de los binomios en los partidos?

Hasta este momento no hemos tomado una decisión al respecto, estamos completando la conformación del padrón de militantes y tal vez podría surgir algún criterio al respecto; lo discutiremos internamente y los propondremos porque esto tiene que activarse a través de una ley, entonces tendríamos que discutir con la instancia legislativa.

¿Usted cree que hay manoseo en la institución y en la trayectoria de las personas?

Yo creo que sí, porque a veces no solamente se toca aspectos que son institucionales, sino también aspectos de tipo profesional y personal que afectan.