El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía una doble y difícil misión: preservar la vigencia de la democracia como sistema de balances con reglas claras y garantizar un grado suficiente de confianza ciudadana en los procesos de elección. Sin embargo, la mayoría servil de ese poder del Estado –otro simple instrumento del Ejecutivo– optó por la vía más cómoda, se puso de rodillas, bajó la cabeza, cerró ojos, oídos y mente para formar parte del grupo de violadores múltiples de la Constitución.
  
Sin siquiera sonrojarse, los vocales oficialistas del TSE zanjaron de ese modo y antes de lo previsto el falso dilema que planteó el partido gobernante: ¿vale más el Art. 168 de la Carta Fundamental que prohíbe la reelección continua o una “sentencia constitucional” que inventó el “derecho humano” de la reelección indefinida?
  
Dicha “sentencia” sui géneris emanó del Tribunal Constitucional, que no tiene competencia para revisar y modificar la Constitución sino sólo para hacer que las leyes se ajusten a ella, y estableció una reforma de facto de las disposiciones de ésta que es –o se pensaba que era– la norma suprema. Pero, además, tal “sentencia” sirvió como recurso “legal” para desconocer la soberanía popular expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó por mayoría el intento de modificar el ya mencionado Art. 168.
  
Se suma ello el ridículo argumento oficialista de que como la letra de ese artículo no ha sido cambiada en el texto constitucional sí se está cumpliendo lo decidido por el referendo, aunque al mismo tiempo se esté ignorando su mandato.
  
A estas alturas, queda la duda sobre si la gente del gobierno se cree sus propias mentiras o si al menos las entiende, pero lo que sí está claro es que estos individuos son el grupo protagónico de uno de los peores tiempos de vergüenza que ha vivido la política boliviana. Es obvio que tampoco reflejan la más mínima conciencia sobre ello; al contrario, bastantes de ellos no disimulan la satisfacción –ni los réditos– de militar en tal “proceso”.
  
Pues bien, el resultado de todo esto es que la Constitución ha quedado desactivada y, en consiguiente, la democracia se encuentra en un estado de suspensión, preludio fatídico de su próxima anulación. 
  
Pero la des-constitucionalización que sufre el país en estos momentos no se limita al pisoteo y manejo antojadizo de las normas, también se manifiesta en el abandono del control ciudadano sobre la discrecional conducta de las eventuales autoridades.
  
Esto significa no solamente que Bolivia carece, en la práctica, de una regulación efectiva para la organización de los poderes públicos y sus relaciones, así como para garantizar los derechos y las libertades de las personas, sino además que la población está consintiendo –sea por prebendalismo, temor o simple desidia– que los ocupantes del poder hagan lo que les venga en gana. 
  
Quizá la magnitud de este problema se comprenda mejor si se dice que esta des-constitucionalización supone, en el fondo, la dramática descomposición de la nación, algo que no podrá resolverse con unas elecciones de ficción en 2019, ilegales, ilegítimas y bajo el cuidado de un desacreditado TSE.
  

Al ser el responsable principal de este desastre, Evo Morales tendría que preocuparse por la única rehabilitación que debiera interesarle: la que necesitará frente a la historia. No obstante, todo indica que ya es demasiado tarde para que la consiga.