Luego, el miércoles 5 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó su Audiencia Pública sobre el pedido de organizaciones de la Sociedad Civil boliviana sobre “Reelección en Bolivia, la sentencia 84/17 y la Convención Americana” (de Derechos Humanos: el Pacto de San José), oyendo los alegatos de las organizaciones demandantes sociales y del Estado boliviano (sustituidos los magistrados que emitieron la sentencia por funcionarios gubernamentales). Y de colofón, ayer se realizó el masivo paro cívico nacional contra la repostulación —sectores ‘cívicos’ progubernamentales no lograron morigerar su contundencia.

Después de estos, ¿qué quedaría por hacer contra el prorroguismo? No son pocos los pasos siguientes.

Sobre el fallo del TSE, ya se han mencionado demandas de inconstitucionalidad y contra los vocales habilitantes, que no concluirán por la cooptación oficialista del (dizque) Poder Judicial, pero serán mediáticamente importantes. Si la CIDH decide trasladar a la Corte respectiva la demanda —con independencia de lo que demore y de que no se respete la decisión final—, será un fuerte argumento legal y mediático. Además, la resistencia ciudadana seguirá con marchas, protestas, tribunas y medios —acá y en el exterior—, paros (puntuales o indefinidos) y, sobre todo, la principal herramienta de los cocaleros y el MAS antes de ser gobierno: los bloqueos, imprevistos y contundentes.

Sí, queda mucho más.