El problema que yo veo con este paro es que, lamentablemente, un problema que debió resolverse en las instancias institucionales, como son el Organismo Electoral Plurinacional o la Asamblea Legislativa, de pronto ha sido trasladado de nuevo a la sociedad civil con el riesgo de que haya enfrentamientos, confrontación y costos sociales muy altos. Estamos ante una situación tensa que se ha generado en el país y que, ahora, está lejos de resolverse.

Si las cosas siguen como están, uno de los problemas que puede surgir es la falta de credibilidad que puede sufrir el proceso electoral en Bolivia. Es decir, que la población desconfíen en lo que vaya a ocurrir tanto en las elecciones primarias de enero de 2019 como en las generales de octubre del próximo año. Eso implicaría un desmoronamiento de las instituciones democráticas que a Bolivia le ha costado mucho crear y construir en estas últimas tres décadas.

Por otra parte, otro de los riesgos es que pueda haber un enfrentamiento entre ciudadanos. Por un lado están los sectores afines al Gobierno, como la Conalcam y la COB, y por el otro están los sectores de la sociedad civil movilizada. Otra vez tenemos un escenario crítico como se ha dado en otros años en la historia, donde se pueden enfrentar ciudadanos entre sí. Esto responde a una mala administración de las instituciones democráticas que serían las llamadas a resolver lo que está sucediendo hoy.

La resolución del Tribunal Supremo Electoral (de habilitar el binomio Evo Morales – Álvaro García Linera) ha producido un daño al proceso democrático en general.

El cronograma electoral ya estaba trazado. Con el referéndum de 2016, todo el proceso electoral se ha alterado, pese a que debió seguir el recambio de Gobierno, que correspondía en este próximo año. Insistir en la repostulación de Evo Morales a través del referéndum no fue la decisión más acertada porque el resultado dio un rechazo y, a partir de ahí, se desencadenan las series de alteraciones al orden institucional, que han llevado a la actual crisis en este momento.

Quienes estuvieron en desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional de habilitar la repostulación de Evo Morales y luego del Tribunal Electoral, acudieron en su momento a las instancias locales, apelando a las propias instituciones, pero no hubo una respuesta positiva porque evidentemente no hay una voluntad política de estas instancias para resolver esta problemática.

También se han presentado como ocho demandas ante las instancias internacionales, como la CIDH, pero ese mecanismo es de largo alcance, las respuestas tardan y sus resoluciones son parte de otro tipo de procesos. De hecho, no es una vía que pueda ayudar al país a resolver este tipo de problemas. Los casos de Venezuela y Nicaragua demuestran que no se ha logrado que una intermediación internacional pueda ayudar a resolver los conflictos internos.

En la larga historia que tiene Bolivia, sobre todo desde la era republicana, cuando la gente no encuentra que el Estado ni las entidades públicas resuelvan los problemas que les corresponde, es la sociedad la que toma las calles. En su momento fue la COB, los movimientos campesinos, el movimiento indígena, y hoy tenemos a la sociedad civil movilizada con todo lo que ello implica para la democracia.