Desde la Coordinadora por la Defensa de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas se identificó al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) como el brazo operativo gubernamental para la penetración de los territorios indígenas y áreas protegidas en franca vulneración de las normas vigentes y los derechos de los pueblos. 

"La autoridad AJAM ha hecho la solicitud; hay que actualizar la información sobre esas áreas protegidas y de acuerdo a eso el Sernap determina si corresponde o no corresponde (…). Hay un procedimiento de la solicitud minera, mucho corresponde de la participación de las comunidades", señaló. 

El dirigente indígena amazónico de la Coordinadora de reciente creación, Álex Villca, oriundo de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey aseveró que desde el Gobierno se desarrolla una estrategia de penetración de las áreas protegidas y territorios indígenas en complicidad con las entidades llamadas a preservar estas reservas naturales para ejecutar actividades extractivistas.

"No es posible que instituciones encargadas de hacer un trabajo transparente a favor de los pueblos indígenas estemos siendo vulnerados en nuestros derechos (…). Desconocemos y conminamos al Sernap porque se está convirtiendo en el brazo operativo para encaminar esta penetración, se están convirtiendo en guías para vulnerar nuestros territorios y nuestros derechos", manifestó.

Recientemente se conoció que el Sernap rezonificó la Reserva Nacional de Flora y Fauna (RNFF) Tariquía del departamento de Tarija para permitir la actividad petrolera en la zona núcleo del Área Protegida que habría dejado de serlo desde el año 2014 según una resolución administrativa que recién fue conocida por las comunidades afectadas.

Villca dijo que, entre las resoluciones del primer congreso de la Coordinadora, se determinó el desconocimiento y rechazo a los megaproyectos y la exigencia al cumplimiento de la consulta pública, previa e informada de buena fe desde el Estado para ejecutar cualquier proyecto que vaya afectar a los pueblos indígenas, campesinos y originarios.

"No se respeta la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales y le estamos exigiendo la abrogación al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que está protagonizando la vulneración de nuestros derechos a través de la dotación de tierras en nuestros territorios a grupos afines al Gobierno", denunció.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) busca expandir la explotación de oro en al menos 22 áreas protegidas del territorio nacional e iniciar operaciones en las cabeceras de las cuencas de los ríos, según un documento de la organización. La Ley 535 de Minería autoriza la explotación aurífera en las áreas protegidas siempre y cuando los sectores interesados cumplan con la normativa ambiental.