El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó de la decisión tomada por la Justicia y advirtió que "el Ministerio de Justicia procede enérgicamente contra todo acto de corrupción sea de autoridades del MAS o de algún otro partido de la oposición".

La acusación es por la venta de terrenos pertenecientes al municipio a particulares. Incluso se dijo que viabilizó en 2016 la aprobación de la Ley Municipal 069 que ‘‘determinó que deberían transferirse y enajenarse bienes del Estado en favor de particulares, fundamentalmente para que se hagan lotes de propiedad particular’. Un total de 4.179 personas fueron beneficiadas y ahora afectadas.

En su defensa, Mendoza afirmó que el proceso de enajenación que se encaró, y por el cual fue detenido, está siendo "malentendido" y que las acusaciones deberán ser probadas.

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"Hemos encarado un proceso público y nosotros hemos hecho lo que manda la ley", afirmó desde las celdas de la fuerza anticrimen de Potosí, según publicó el diario El Potosí.

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó denuncia ante el Ministerio Público el pasado 9 de noviembre por los delitos de concusión, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En la audiencia de medidas cautelares se acreditó un daño a 4.179 ciudadanos que hacían depósitos desde 2017 a una empresa consultora cuya vigencia legal no fue comprobada.

La decisión judicial fue expedida por el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de Potosí. (05/12/2018)