La oposición política y mediática sigue empeñada en calificar de dictadura el momento histórico que vive Bolivia.

Curiosa dictadura en la que la oposición política, disfrazada de sociedad civil, puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hablar libremente en frente de representantes del Gobierno boliviano.

Curiosa dictadura en la que la oposición mediática puede desinformar libremente y no explicar a la ciudadanía, como es su deber, que el artículo 256 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos (como la Convención Americana de Derechos Humanos, o Tratado de San José) que declaren derechos más favorables a los que contiene la CPE se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

Curiosa dictadura en la que la oposición política y mediática puede movilizarse en las calles de Bolivia sin que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los repriman, detengan y encarcelen. Pero además donde agredan a ciudadanos que sólo quieren trabajar e insulten al Presidente a niveles que en otro país determinarían la apertura de procesos legales.

Curiosa dictadura en la que un ex defensor del pueblo reconvertido a político puede escribir en Twitter, siendo replicado por el principal diario de la derecha, llamando a la rebelión, y no pasa nada más que el ridículo que hace ante la opinión pública.

La realidad es que la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el paro cívico opositor han sido dos de los innumerables hechos políticos que van a sucederse en los próximos meses y que hay que enmarcarlos dentro de la lógica electoral opositora. Dos hechos que son un rotundo fracaso en su estrategia de llevar al pueblo boliviano a una confrontación.

Pero esta estrategia esquizofrénica opositora no puede durar mucho tiempo más. No pueden presentarse a las elecciones y utilizar los mecanismos electorales de la democracia liberal, y a la vez deslegitimar permanentemente estos mecanismos. No pueden querer ser opción de gobierno mientras no se   opongan con firmeza a quien llama a la violencia en las calles. El fracaso del paro cívico demuestra que la ciudadanía no quiere polarización ni confrontación en las calles. La confrontación entre proyectos políticos distintos de país se debe dar en las urnas.

Es sorprendente que la oposición política y mediática ataque con tanta saña al Gobierno que redujo a menos de la mitad los índices de pobreza y extrema pobreza, a la vez que duplicó el Producto Interno Bruto y nacionalizó los recursos y sectores estratégicos. Sorprendente pero legítimo.

Lo que no es legítimo es avalar la violencia y manipular la información. La ciudadanía no se merece perder un año completo de gestión de gobierno enredada en los cálculos electorales de una oposición política y mediática sin proyecto de país, y sin capacidad de movilización.

Esa película ya la hemos visto en Argentina y Brasil, y no termina bien para las mayorías sociales. Esa película ya la vimos en 2000 y 2003 cuando los mismos que ahora se quieren presentar como alternativa al Proceso de Cambio privatizaban empresas estatales y entregaban los recursos naturales del pueblo boliviano.

Después del show opositor en la CIDH y del fracaso del paro cívico, ojalá la oposición reflexione y dedique su tiempo y esfuerzos a construir un proyecto de país para presentarse en las urnas en 2019.