Finalmente se produjo la tan esperada decisión del TSE sobre la habilitación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Como se preveía, una mayoría de vocales, que los medios han denominado “afines al Gobierno”, aceptaron esa habilitación, avalando la sentencia del Tribunal Constitucional que señaló el año pasado que ambos mandatarios tienen el “derecho humano” de postular de manera indefinida.

Esa decisión va en contra de un derecho mayor, que es respetar la soberanía popular reflejada en el voto. En el referéndum del 21 de febrero de 2016  la mayoría de los ciudadanos rechazaron la reforma de la Constitución y, por tanto, negó la posibilidad de que Morales y García Linera postularan a un cuarto mandato.

Antes de ese resultado, ambos mandatarios dijeron que incluso perdiendo por un solo voto se irían del poder. Pero su descreimiento en la democracia, ausencia de respeto a la decisión popular y su temor a abandonar el poder hicieron que Morales y García Linera recurrieran a la estructura institucional que han construido en 13 años de gobierno: primero el Tribunal Constitucional emitió la sentencia mencionada y ahora el TSE confirma su validez.

Los argumentos en contra de la posición del oficialismo han sido vertidos por este diario en numerosas oportunidades y se basan en una idea muy simple, expresada muchas veces por los propios Morales, García Linera y otros dirigentes oficialistas: para reformar la Constitución se requiere de una ley de necesidad de reforma, primero, aprobada por dos tercios de los votos del Legislativo, y luego obtener más del 50% de los sufragios en las urnas. Así se reforma una Constitución en Bolivia. La autorización del voto popular, mediante referéndum, es una acción sine qua non para hacerlo.

La Constitución promovida por el MAS y aprobada en 2009 solo permite a los presidentes postular dos veces. Este actual tercer mandato ya es parte de la trampa a la que nos tiene acostumbrados el oficialismo. Y luego, ensoberbecidos por sus triunfos, pensaron que un referéndum iba a autorizarles su eternización en el poder. Pero la gente dijo “No”.

El otro argumento, también del oficialismo, es que después del referéndum la CPE no ha sido reformada. Entonces, si eso es así, el artículo 168 sigue vigente y éste establece que nadie puede postular a la Presidencia más de dos veces de manera consecutiva.

Si es esa la forma como se reforma la Constitución, entonces el fallo del Tribunal Constitucional es errado. Una sentencia de ese cuerpo no puede cambiar la CPE. Es simplemente una argucia más de Morales y García Linera, aprovechando a las marionetas que tenían y tienen en esa entidad. Finalmente, el espíritu del artículo 23 del Pacto de San José, que dio base a la sentencia del Tribunal, está redactado, como cualquier abogado  y persona de bien sabe, para garantizar los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, no a los poderosos a eternizarse en el poder.

Evo Morales está dando fin con su propio legado. El líder popular que hizo reformas importantes para el país y simbolizó la llegada al poder de sectores indígenas y empobrecidos de la sociedad boliviana  se está convirtiendo cada vez más en un ser autoritario, abstraído de la realidad, megalómano y alejado de la democracia. Antes Morales podía ganar elecciones limpia y ampliamente. Hoy debe recurrir a triquiñuelas para aferrarse al poder.

Si Morales no hubiera cedido a sus tentaciones autoritarias y hubiera abandonado el poder en 2015, como establecía la ley, sería hoy un líder trascendente y quizás estaría liderando los sondeos para las elecciones de 2019. Como no lo hizo, hoy está arrinconado, estudiando maneras para violar la Constitución para mantenerse en el sillón presidencial.

Esto no debe ser permitido. El ciudadano debe protestar contra este golpe a la democracia. Si el voto popular, como el expresado en el referéndum del 21F, ya no es respetado, entonces quiere decir que la democracia ha sido herida de muerte.