De esta manera, los actuales gobernantes podrán participar por cuarta vez consecutiva en elecciones generales, pese a la prohibición expresa de la CPE y del ordenamiento legal. También se ignoró la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 21 de febrero de 2016, cuando un referendo rechazó la pretensión de otra reelección consecutiva. Ese resultado tiene carácter vinculante, pero un año y medio después el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de una polémica sentencia dijo que Evo Morales tenía el derecho humano a ser candidato nuevamente.

Contrariamente a la desazón de la oposición, el anunció desató festejos en el oficialismo. El TSE en sala plena determinó habilitar la candidatura oficialista por mayoría. De los seis vocales, hubo solamente dos votos disidentes. La vocal Dunia Sandoval argumentó su disidencia señalando que la soberanía reside en el pueblo, haciendo referencia a la voluntad de los ciudadanos que votaron en contra de otra reelección de Morales y García Linera.

Los líderes de la oposición y los activistas del 21F, ahora concentran sus fuerzas en una movilización nacional; en hacer que el paro nacional de este jueves se cumpla y mueva al oficialismo a repensar sus actos, pero también la oposición tiene esperanzas en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre la denuncia presentada ante ese organismo por la “violación de la CPE”. Recordemos que el TCP arguyendo un supuesto derecho humano del presidente Morales, hace una interpretación antojadiza de los alcances del Pacto de San José de Costa Rica.

Las audiencias en la CIDH se iniciaron el miércoles, y una delegación de la oposición boliviana argumentó la denuncia, mientras que el gobierno envió una misión encabezada por el canciller, embajadores, ministros y asesores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de emitir una sanción o una recomendación. Existen varios antecedentes, entre ellos el fallo a favor de los exdiputados Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, a quienes ilegalmente se les impidió el ejercicio de sus derechos. Bolivia tiene 52 casos pendientes en la CIDH.

Lo que la CIDH evaluó el miércoles es si el artículo 23 de la Convención, que salvaguarda los derechos políticos, permite a Morales volver a presentarse y protege el derecho de los bolivianos a reelegirlo.

La luz democrática alcanzada luego de prolongadas y sacrificadas luchas para reconquistar las libertades perdidas durante los obscuros años de los regímenes militares no puede quedar apagada por la maniobra subterránea. Existe plena consciencia de lo que quiere el pueblo, que jamás permitirá que Bolivia llegue al colapso.

La democracia, las libertades y los derechos que ha conquistado el pueblo boliviano en una sacrificada lucha, no pueden ser anulados por un grupo de personas que solamente obedece órdenes de quienes los nombraron en funciones de la más alta responsabilidad, como son el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Constitucional Plurinacional.