Asimismo, las organizaciones Human Rights Foundation y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia presentaron sus fundamentos para sostener que la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vulneró los derechos de los votantes que dijeron "No" en el referendo 21F.

De parte del Gobierno estuvieron presentes dos ministros, el procurador y el embajador ante la OEA, con la finalidad de defender al Estado y la sentencia del TCP, por cuyo efecto se permite la reelección indefinida.

"La repostulación de un candidato no viola derecho alguno y (sólo) representa una mera posibilidad, toda vez que en última instancia serán los electores quienes le brindarán su voto o le negarán al candidato", subrayó el ministro de Justicia, Héctor Arce. 

En el referendo del 21 de febrero de 2016, la mayoría de los bolivianos votó en contra de una nueva postulación de Morales a las elecciones y el oficialismo, sin respetar ese resultado, logró que mediante un recurso judicial el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) viabilice la reelección indefinida de Evo Morales en aplicación preferente de la Convención Americana sobre la Constitución Política del Estado porque supuestamente se estaría violando el derecho humano del mandatario que está en el poder desde hace 13 años consecutivos. 

"El derecho a la reelección indefinida (…) el derecho de un ciudadano a presentarse en las elecciones y competir con otros, siendo indefinido o no estando limitado ¿Qué derecho afecta? ¿De qué personas? Esa es la gran pregunta ¿Aquí estamos defendiendo un derecho del pueblo a qué? ¿Un derecho de la sociedad civil a qué?", insistió Arce.

Pues, según la autoridad, evitar que un candidato vaya a una elección, siendo el postulante mayoritario que ha ganado tres elecciones consecutivas y ha cambiado la vida de la nación boliviana, "eso jamás puede ser un derecho que reclame un sector minúsculo de la sociedad".

Sin embargo, los representantes de la sociedad civil exigieron al Estado boliviano o en este caso al gobierno de Morales, no usar a su antojo la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

"Simplemente quiero decir a los representantes del Estado boliviano que la aplicación preferente de los tratados y convenios en materia de derechos humanos, no significa la aplicación antojadiza de lo que uno cree que quiere decir eso", aseveró Rubén Darío Cuellar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ).

Aunque -de acuerdo a Arce- el Tribunal Constitucional hizo una muy buena interpretación de la Constitución aplicando de manera preferente la Convención para posibilitar la repostulación indefinida porque además subrayó que las sentencias del TCP son vinculantes, obligatorias y no admiten recurso ulterior alguno.

Asimismo "vale la pena hacer notar que el efecto vinculante de las sentencias constitucionales está en la propia Constitución, (en cambio) el efecto vinculante de los referendos no está en la Constitución como falsamente se ha señalado y se señala", aseveró.

Incluso consideró que los representantes de la sociedad civil "el único derecho que pretenden defender es el derecho de los partidos políticos opositores" a no competir democráticamente las próximas elecciones en Bolivia con el "presidente indígena que cambió para siempre el país".

El canciller Diego Pary agregó que Bolivia goza de plena estabilidad política con una "democracia consolidada", que contempla las elecciones libres para todos los cargos y niveles.

Por su parte el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, aclaró que no es un enfrentamiento entre oficialistas y opositores, como pretendió enfocar el Gobierno en la audiencia de la exposición de argumentos en la CIDH. 

"Pues no es un problema político partidario, sino es la sociedad civil que interpela al Estado boliviano por la situación de violación de los derechos humanos. Y se habla de la profundización de la democracia, (cuando) profundizar la democracia significa consolidar la independencia de poderes y resulta que en Bolivia los cuatro poderes del Estado están controlados por el Órgano Ejecutivo y hemos ingresado en una situación peligrosa de indefensión ciudadana", alertó.

Así la CIDH atendió el pedido de la sociedad civil, encabezada por Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, de analizar la repostulación del presidente Morales a la brevedad posible, aunque al concluir la audiencia, la Comisión sólo se comprometió a dar la debida consideración a los alegatos presentados de ambos lados y no fijó una fecha para pronunciarse.