La exposición se realizó durante la audiencia que se realizó este miércoles por la tarde en la sede de la CIDH en Washington.

En la oportunidad, las organizaciones Human Rights Foundation y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia presentaron sus fundamentos para sostener que la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vulneró los derechos de los votantes que dijeron “No” en el referendo 21F.

De parte del Gobierno estuvieron presentes dos ministros, el procurador y el embajador ante la OEA, con la finalidad de defender al Estado y la sentencia del TCP, por cuyo efecto se permite la reelección indefinida.

El canciller Diego Pary dijo frente a los comisionados que los resultados del referendo tuvieron una “diferencia mínima del 1%”.

Agregó que “este resultado fue manipulado e inducido a través de una campaña corporativa mediática, planificada y mentirosa de desprestigio creada en contra del presidente de las bolivianas y los bolivianos”.

A su turno, el ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo que en la Constitución no establece el carácter vinculante de los referendos, pero sí de las sentencias del TCP.

“Sus sentencias (del TCP) son vinculantes obligatorias y no admiten recurso ulterior alguno. Vale la pena hacer notar que el efecto vinculante de las sentencias constitucionales está en la propia Constitución y el efecto vinculante de los referendos no están en la Constitución, como falsamente se ha señalado”, dijo Arce.

Al respecto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, que participó de la sesión en representación de una de las fundaciones, manifestó que es “lamentable” que el ministro Arce siendo abogado tenga ese argumento.

Rivera explicó, en contacto con ERBOL, que el carácter vinculante del referendo está constitucionalizado porque es un mecanismo de poder constituyente y está por encima del cualquier órgano de poder constituido.

Señaló que ese principio está en los artículos 1, 11 y 411 de la Constitución. En éste último, se dispone que el referendo es la condición para la aprobación de reforma parcial o total de la Carta Magna.

¿Qué derecho se afecta?

El ministro Arce manifestó en la audiencia que la gran pregunta es qué derecho y de quién se afecta con la repostulación indefinida.

“La pregunta es qué derecho afecta y de qué persona. Esa es la gran pregunta. Aquí estamos defendiendo un derecho del pueblo a qué, un derecho de la sociedad civil a qué”, cuestionó.

Arce sostuvo que los opositores sólo quieren defender el derecho de sus partidos políticos a no competir con el “presidente indígena que ha cambiado para siempre y para bien la historia de una nación”.

No obstante, el abogado Rivera en su exposición aseveró que la sentencia 084 viola el derecho político de los ciudadanos que en el referendo de 2016 expresaron su voluntad de no permitir más de una reelección al presidente.

Peticiones 

Las fundaciones hicieron cuatro peticiones a la CIDH. La primera es que se active una consulta a la Corte de San José para definir si el derecho a la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

La segunda petición es que se pida información al Estado boliviano sobre los hechos denunciados.

La tercera consiste en que exhorte al Estado a garantizar el derecho a la reunión y protesta pacífica de los ciudadanos bolivianos, y se deponga cualquier actitud de violencia, y la cuarta es que se realice el seguimiento y un informe de la situación con miras a las elecciones de 2019.