El discurso oficialista gira en torno a que Evo Morales es el mejor presidente que ha tenido el país. Así lo ponen, sin tapujos, en las redes sociales y ha quedado impreso en muchos productos gubernamentales, incluidos los cuadernos y textos escolares de la editorial del Estado. El argumento, entonces, es que el actual presidente debe seguir gobernando porque él, y solo él, es capaz de mantener la bonanza. En esa versión, si Bolivia cambia de presidente volvería a caer en el caos y la crisis económica. Este discurso ha sido apuntalado en las últimas horas por el vicepresidente quien explicó que ha reculado en su intención de no volver a candidatear por su filantrópica preocupación de que, si él se va, podría tomar el poder “alguien que no sabe gobernar”.

Toda esta lógica mesiánica es, por decir menos, ofensiva para el resto de los ciudadanos bolivianos. Si la tomamos por válida, estaríamos aceptando que solo dos de los más de 11 millones de Bolivia están capacitados para gobernar mientras que el resto somos imbéciles o inútiles para desempeñar el mando. Y los dos están tan convencidos de eso que incluso nos muestran que lo hacen como un favor (“Yo no quiero. Es el pueblo el que me obliga”).

Existe otro argumento repetitivo, el del peligro de que vuelva a gobernar la derecha. Lo que se dice es que, si Evo Morales y Álvaro García Linera dejan el poder, y el MAS con ellos, entonces volvería la crisis económica porque los “neoliberales” –a los que ahora se endilga otro descalificativo: “vendepatrias”– volverían a entregar los recursos naturales a las transnacionales y someterían el país nuevamente a los dictados de Estados Unidos.

Pero el fondo del asunto no es ni lo uno ni lo otro.

Evo Morales puede ser el mejor presidente del mundo pero eso no lo habilita para postularse por tercera vez yendo en contra de la constitución que lo prohíbe. Puede ser que otro partido tome el poder e introduzca cambios que afecten la estabilidad económica pero eso no significa que se le niegue la posibilidad de acceder a la administración del Estado.

Lo que importa es que la única manera de que una sociedad funcione, con buenos o malos presidentes, con buenos o malos partidos en el poder, es mediante el acatamiento a las normas que ella misma se dote. La legislación es el producto de pactos sociales intrínsecos mediante los cuales un país se pone límites a sí mismo, a sus autoridades y ciudadanos. Esas normas deben acatarse porque, si se las pasa por alto, se les resta valor y se pone en duda el pacto social que las puso en vigencia.

El fondo de la crisis política que ahora nos ocupa es que el gobierno, utilizando al Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Electoral, está intentando burlar a la Constitución Política del Estado que establece, en su artículo 168, que nadie puede postularse a la presidencia y vicepresidencia por tercera vez consecutiva.

Lo que sucede es que se está poniendo en entredicho a la Constitución y quienes lo hacen son las instituciones que más deberían defenderla. No se trata, entonces, de quién es el mejor presidente y cuál podría ser el peor partido en función de gobierno. Lo que ocurre es que se está perforando la Carta Magna.