"Con esta resolución el TSE no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo un futuro incierto para los bolivianos", señala el pronunciamiento leído ayer por el secretario General de la CEB, monseñor Aurelio Pesoa.

La CEB reafirmó su "defensa de los principios democráticos fundamentales y de la voluntad popular expresada en el referéndum de febrero de 2016".

Consideró que "sólo una auténtica democracia puede garantizar la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política".

Además, la máxima instancia de decisión de la Iglesia Católica en el país, llamó a que las movilizaciones y medidas de protesta que se ejecutan estos días en contra de la reelección presidencial, "se desarrollen en forma pacífica, sin confrontaciones, descalificaciones ni actitudes violentas".

En noviembre, cuando los prelados se reunieron en Cochabamba, expresaron su rechazo a la pretendida repostulación del binomio oficialista. Y exhortaron a "que se respete de parte de todos el proceso democrático que tantos esfuerzos y vidas humanas ha costado, pilares de la convivencia armónica y fraterna. Sólo así tendremos una Bolivia democrática, libre, justa y en paz".

Frente a esa declaración, las autoridades de Gobierno salieron a criticar a los obispos e incluso el Presidente y legisladores del MAS les pidieron formar su propio partido político y terciar en las elecciones.

EL TCP DEFIENDE AL TSE

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos señaló ayer que la decisión del TSE se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE).

"En síntesis, esto demuestra que todos estamos sometidos y sujetos a la supremacía de la Constitución", dijo a los periodistas en Sucre.

Ceballos reiteró que la resolución de repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en futuras elecciones es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

"Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral es una ratificación de que el sistema jurídico en el Estado Plurinacional comunitario está sujeto y subordinado a un orden constitucional", agregó.

Ceballos agregó que no existe argumento alguno para considerar la posibilidad de su revisión, menos del incumplimiento a una sentencia constitucional, en ese caso la resolución emitida por el TCP en 2017.