Tal y como se tenía previsto, la audiencia duró cerca de una hora, aunque tuvo un retraso de aproximadamente 10 minutos. Tras escuchar los argumentos tanto de los denunciantes como de los representantes del Gobierno boliviano, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, se comprometió a "evaluar, consensuar y llegar a una conclusión", respecto al caso de la reelección en Bolivia; sin embargo, no fijó un plazo para tal pronunciamiento.

"Es un tema de suma importancia, y no lo podríamos decidir ahora. Necesito tiempo para evaluar, consensuar y llegar a una conclusión, porque cada uno (de los miembros de la CIDH) llega a una conclusión de manera independiente", señaló.

No obstante, May Macaulay calificó el caso como "de gran importancia" y garantizó que se le dará la debida consideración.

Por eso, también pidió a ambas partes - la Sociedad Civil y el Gobierno- que le den un resumen en inglés de los principales artículos de la constitución boliviana que estarían involucrados o vulnerados por la sentencia del Tribunal Constitucional que da pie a la reelección indefinida en el país.

El resto de los comisionados repartieron opiniones respecto a la aplicación preferente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ejemplo, la vicepresidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño destacó que la Constitución boliviana contemple la aplicación preferente de los tratados internacionales y cuestionó a la parte civil respecto a qué entienden por "la aplicación preferente".

"El valor jurídico de los tratados internacionales, cuando las constituciones hacen de su valor el preferente no es que limita la soberanía del Estado, de lo que se trata es de colocar como valor jurídico al nivel constitucional las normas internacionales en las que todos tenemos una expectativa de la protección de nuestros derechos", señaló.

En cambio, Edison lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, señaló que la sentencia del TCP boliviano "no resuelve si la posibilidad de poner un límite a la reelección de los cargos administrativos es legítimo, proporcional y necesario para proteger la democracia en Bolivia".

Todos los comisionados, asimismo, coincidieron en preguntar cuáles son los mecanismos legales que se tiene en la jurisdicción interna boliviana para tratar de anular la sentencia del TCP, a lo que la parte civil respondió que "ninguno".

Entretanto que el Gobierno defendió la legalidad del fallo constitucional del TCP y mencionó que es un derecho que la población tenga la posibilidad de reelegir "al mejor Presidente de su historia".

"El derecho de un ciudadano a presentarse en elecciones y competir con otros, siendo indefinido o no estando limitado por el paso de la reelección ¿Qué derecho afecta y de qué personas? (...) Están defendiendo el derecho a ir a una elección sin que el candidato mayoritario, que ganó tres elecciones, que cambio la vida de la nación boliviana esté en la papeleta y eso jamás puede ser el derecho que reclame un sector minúsculo de la sociedad", señaló, por ejemplo, el ministro de Justicia, Héctor Arce.