Está secuestrada porque desde que, hace casi ocho meses, en abril, José María Leyes –el alcalde electo– estuvo impedido de ejercer esas funciones por las restricciones judiciales resultantes de su inculpación en el caso denominado Mochilas I, el concejo municipal observó los plazos legales para superar la crisis, llevándolos al último extremo posible.

Y esa conducta se repite, con mayor impacto, desde el último día del mes pasado, el 30 de noviembre, cuando el alcalde electo fue encarcelado en detención preventiva en el marco de otro juicio penal, el denominado Mochilas II. La madrugada de ese día cuando terminó la corta libertad –menos de 48 horas– de Leyes Justiniano, comenzó la etapa más burda de este secuestro de la alcaldía cochabambina.

Entre el miércoles 28 y la primera hora del 30 de noviembre, José María Leyes lloró ante el altar de la Catedral, se paseó por la única obra significativa que emprendió su gestión, el corredor Quintanilla, manifestó su disposición de trabajar “para recuperar el tiempo perdido”, proclamó su decisión de “poner orden en la casa”, despidió a 14 funcionarios ediles –la mayoría designada por su suplente y el resto por él mismo–, envió al concejo municipal una solicitud para modificar el presupuesto.

Y además –aparentemente para asegurarse bien de “poner orden en la casa”– Leyes emitió decretos nombrando a su nuevo Secretario General ¡y delegándole su autoridad de alcalde!, al menos de manera parcial. ¿Qué otra significa sino otorgar “la competencia (…) de atender asuntos administrativos y/o firmar toda correspondencia, oficio o memorándum a ser emitidos (…)” y “la facultad de designar (…) autoridades municipales” de alto rango, secretarios, directores de unidades y miembros de directorios?

Extraordinaria circunstancia, sin duda. Menos para los concejales demócratas cuya voluntad de mantener esa situación hasta el límite de la legalidad es evidente.

¿Para qué? ¿Con qué fin mantener al inculpado Leyes a la cabeza de la alcaldía?

Difícil –e ingenuo– intentar hallar posibles respuestas que estén marcadas por alguna intención edificante o limpia de propósitos oprobiosos. Imposible no confundir esa actitud con encubrimiento. Mantener más tiempo a Leyes de alcalde tiene que beneficiar a esos concejales: con algunas ventajas, o con la eliminación de algunos riesgos, es decir, pruebas de actos ilegales. Asumir lo contrario implica que son inconscientes, ignorantes o simplemente incapaces para ejercer sus funciones. Cualquiera de esas hipótesis es, mínimamente, vergonzosa.