Estos datos, entre otros, fueron levantados por una encuesta realizada en las tres principales áreas metropolitanas del país (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz) por el Foro Regional de Cochabamba, y cuyas interpretaciones finales fueron presentadas esta semana. El Foro Regional está integrado por Los Tiempos, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Ciudadanía, la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía).

Según los resultados, un apabullante 75 por ciento considera que la votación del 21F tiene mucho más valor que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que avaló la repostulación del mandatario. Sólo el 25 por ciento piensa lo contrario.

Además, el 65 por ciento cree que Morales no debería volver a ser candidato contra un 35 por ciento que considera que sí. El rechazo es mayor en Santa Cruz (77 por ciento) y en Cochabamba (71 por ciento) que en La Paz (50 por ciento).

El 58 por ciento de los bolivianos admite haber votado alguna vez por Morales. De modo inverso, la mayoría se encuentra esta vez en La Paz (73 por ciento), Cochabamba (57 por ciento) y Santa Cruz (44 por ciento).

Sin embargo, el 46 por ciento de quienes dieron respuesta positiva responde que no volvería a votar por Morales, contra un 56 por ciento que mantendría su voto.

El 51 por ciento de las personas consultadas afirma haber votado por el No en el referendo 21F, y sólo el 27 por ciento a favor. Se ve que en el primer caso, las respuestas de la encuesta coinciden con los datos oficiales; en el segundo, no.

Por lo mismo, el 62 por ciento está en desacuerdo con la decisión del TCP de habilitar a Morales para una nueva repostulación, mientras que sólo el 34 por ciento apoya la medida.

El 68 por ciento escuchó hablar de las plataformas ciudadanas, el 60 cree que tienen razón en sus reclamos y el 25 por ciento las apoya activamente.

60% da la razón a los colectivos. El 25 por ciento de la población boliviana dice participar activamente de alguna plataforma ciudadana.

ANÁLISIS

Daniel Moreno Morales. Director Ciudadanía

Manipulación institucional, un precio muy alto para todos

La reciente decisión del TSE de habilitar a Morales y García Linera como candidatos molesta a muchos, pero sorprende a pocos. Molesta porque contradice lo dispuesto en la CPE y contraviene la voluntad popular expresada en el 21F, administrado por el mismo TSE.

El malestar es proporcional a la seriedad con que los bolivianos se toman las elecciones: la encuesta del Foro Regional de septiembre muestra que 75 por ciento cree que el resultado del 21F debería prevalecer.

Y la decisión sorprende a pocos porque es parte de un proceso más largo de desmantelamiento y manipulación de las instituciones que deberían evitar que el poder se concentre en un partido y en una persona. La habilitación es posible gracias al TCP, que a fines de 2017 decretó que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. Esta decisión irresponsable crea un conflicto de poderes y obligó al TSE a elegir entre dos disposiciones contradictorias. Si bien algunos esperaban una actitud heroica, no sorprende que el TSE haya optado por la salida más fácil. Si vemos un poco más allá, los miembros del TCP responsables del fallo de 2017 fueron electos en elecciones populares muy cuestionadas. La manipulación política de las instituciones tiene un costo muy alto para todos.