A juzgar por lo trascendido, el TSE razonó simplemente que el fallo del Tribunal Constitucional de validar la cuarta reelección Morales-García Linera es de cumplimiento obligatorio y punto. No consideró como lo hicieron los 2 votos contrarios a la re, re, reelección, que el voto ciudadano pronunciado en las urnas el 21 de febrero de 2016 es la voluntad soberana del pueblo, la que está por encima de cualquier Tribunal.

La conspiración acordada se ejecutó fuera de la sede oficial del TSE, a puertas cerradas y sin ninguna formalidad. Menos aun escuchando la solicitud de un partido de oposición para que el acto se realice a puertas abiertas, como deben ser las actuaciones públicas de los órganos del Estado. De este modo pretendieron eludir la vigilia instalada en la plaza Avaroa y la convergencia en la misma de las marchas de las plataformas ciudadanas y comités cívicos por la ruta Oruro-La Paz, la de cocaleros y campesinos de Chulumani y la de tierras bajas, reagrupada en Chaparina pese a la represión policial.

Como acabamos de adelantar, el TSE obró siempre bajo instrucciones del Ejecutivo. Asimismo lo demuestra la apretada convocatoria para inscripción de militantes de los partidos, mientras el Jefe del Estado anunciado, dispuso que su partido proceda casi un año antes; igualmente por la inclusión de las inéditas primarias en la Ley de Organizaciones Políticas y los estrechos plazos del calendario electoral, en perjuicio de las fuerzas opositoras.

En relación con el origen del actual TSE, hay que remontarse a su elección por los 2/3 oficialistas de la Asamblea Legislativa y la previa calificación de sus miembros según se trataba de militantes del MAS o muy cercanos al mismo. La excepción fue Antonio Costas, experto de las fases electorales y anterior miembro del organismo, aunque ahora no acaba bien parado en el tema. Este origen de los miembros del TSE es a todas luces ilegítimo por el voto de consigna y no conciencial de los 2/3 oficialista. Quien mal empieza, mal acaba. Su origen espurio, sin remedio, vicia todos sus actos y determinaciones. Es más, su decisión habilitadora invoca la Sentencia del TCP -no sólo ilegítima por sí misma- sino pronunciada por un órgano también ilegítimo por las mismos o parecidos motivos de elección relativos al TSE.