Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: viernes 15 de diciembre de 2017
Categoría: Institucional
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La auditoría se desarrolló en siete meses, y comprendió la realización de un diagnóstico de las fuentes primarias del PE; el diagnóstico de los procedimientos de actualización y depuración del PE; el análisis del sistema informático del PE y del centro de cómputo, relacionada con la seguridad informática; el análisis de las denuncias y el estudio de la legislación”.
Entre las recomendaciones que han sido difundidas hay dos de particular interés. La primera, “mejorar la plataforma tecnológica” del proceso de empadronamiento; la otra, “fortalecer los lazos de intercambio de información con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) para permitir que las plataformas informáticas compartan datos de manera automática y así validar la información”.
Se trata, sin duda, de una buena noticia, porque descarta una serie de denuncias que al calor de la polarización política que hay en el país ponían en entredicho la consistencia de este vital instrumento para garantizar elecciones transparentes.
En este sentido, este informa debe ser tomado en cuenta en forma particular por los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, que deben comprender que un PE confiable no sólo que beneficia al sistema democrático, uno de cuyos pilares fundamentales es la realización de comicios trasparentes, pues garantiza que el resultado de cualquier elección sea aceptado, otorga credibilidad a los ganadores y, por tanto, legitimidad para el buen cumplimiento de su mandato. Es decir, deben comprender que poner en duda la consistencia del PE, cuando no hay indicios claros de manipulación, no es una acción inteligente.
Desde otro enfoque, el informe de la misión de la OEA obliga a las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a los actores políticos y a la propia ciudadanía a cuidar que al PE no sea manipulado por intereses político-sectarios. Más aún si se debe tener conciencia de que la existencia de un PE confiable es resultado de una política de Estado aplicada desde 1992, que, además, ha tenido la fuerza de enfrentar algunos intentos por copar este vital Órgano de la democracia boliviana.
En fin, el informe de la misión de la OEA es una de las pocas buenas noticias que se registran en los últimos tiempos.