Evo Morales pudo entrar a la historia por la puerta grande, pero desaprovechó una gran oportunidad por un proyecto de poder que ha generado un delicado retroceso de la democracia boliviana, reflejado en el estado en el que han quedado las instituciones que la sostienen y por la ruptura de la confianza ciudadana en ellas. La insistencia, casi obsesiva, del presidente de seguir por otros cinco años más en su cargo ha tenido como la más grave consecuencia el inminente descalabro institucional y la angustia creciente de una mayoría de la población por el manoseo del voto, de las leyes y de la propia Constitución.

El tiro de gracia ha sido la decisión de cuatro vocales del Tribunal Electoral de habilitar a Evo Morales y a Álvaro García Linera para una segunda reelección consecutiva, prohibida por el artículo 168 de la CPE. Son los mismos que validaron los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que selló con el voto popular la imposibilidad de una reforma constitucional que habilite a la dupla gobernante para otra reelección. Solo se entiende semejante contradicción por el pánico a una represalia oficialista o por una degradante sumisión.

El avance sin freno del presidente y del vicepresidente afecta a algunos requisitos indispensables de la democracia. Debe haber límites al poder, que solo los ponen las instituciones con independencia robusta. Sin embargo, los contrapesos han sido prácticamente pulverizados, lo que deja a los ciudadanos en un desamparo total frente a los abusos y con los únicos recursos de la protesta callejera o el voto castigo.

La reciente decisión del TSE no sorprende, sino que consolida una seguidilla de acciones para destrabar la búsqueda de una reelección inconstitucional. El veredicto de una decena de personas sepultó dramáticamente en los tribunales el valor de millones de votos. Por los resultados, parece ser más efectivo manejar la voluntad de unos cuantos que la decisión soberana de una mayoría.

No sabemos aún cómo terminará este proceso decadente. El peor escenario nos podría llevar a la situación de Venezuela o de Nicaragua, donde ni la sangre que ha corrido ablanda a sus regímenes gobernantes. La salida violenta es la más costosa y la que se debe evitar con todo el esfuerzo posible.

Se supone que el camino del voto debe resolver la compleja encrucijada. No obstante, con el precedente del 21-F y ahora con la conducta del TSE hay un quiebre de la confianza ciudadana en una institución fundamental. La protesta incesante es necesaria para recordarle al poder sus extravíos, pero sin llegar al suicidio colectivo. La premisa inicial de los ciudadanos debe ser exigir un urgente cambio estructural del Tribunal Electoral, que ha quedado bajo la sombra de la sospecha, y derrotar en una competencia electoral sin ventajas a los que aceleraron el deterioro de la democracia para finalmente reconstruir la institucionalidad que ha quedado casi demolida.