Sandoval y su colega y vicepresidente de la entidad electoral, Antonio Costas, votaron en contra de la habilitación de la dupla oficialista para el proceso electoral de 2019, a diferencia de sus colegas Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Lucy Cruz y Lidia Iriarte.

Los vocales tuvieron que dejar sus oficinas del barrio Sopocachi de La Paz ante el asedio de una vigilia y sesionaron la tarde del martes de emergencia en la ex Corte Nacional Electoral de San Jorge, por decisión de la presidencia, para definir el polémico asunto. No emitieron declaraciones, pero Sandoval había anticipado a La Razón Digital de las dos disidencias.

Esta mañana, consultada en una entrevista en la red Unitel si esa determinación dañaba los preceptos democráticos, respondió : “Sí, (daña) por el tema de la credibilidad en el voto. Cuando se convoca el referéndum del 2016, todos los ciudadanos han asistido y se tiene una credibilidad de que el resultado de una votación va a ser vinculante, esto está en la ley (…) lo que se toma como democrático es el hecho de votar y los resultados".

Aseguró, además, que actuó de esta manera porque considera que la soberanía “reside en el pueblo y hay que creer en esto”. Luego insistió: “simplemente he hecho lo que he considerado correcto jurídicamente y en conciencia democrática”.

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Dijo que esta su “conciencia democrática” y su larga lucha contra las dictaduras del país, que incluyó el exilio, la impulsaron a no abandonar su función –como lo hicieran los exvocales Katia Uriona y José Luis Exeni–, ni evadir su responsabilidad sobre las habilitaciones de los binomios, pese a las “amenazas”.

“Espero seguir contribuyendo, depende de cómo se den las condiciones, esperemos que todos los procesos sean limpios”, dijo, tras afirmar que la labor del TSE recibe presiones desde afuera.

“Tenemos muchas presiones, he juntado un archivador grande con recortes de periódicos y hemos presentado ante el Defensor del Pueblo de amenazas directas con procesos con juicios del Ejecutivo, del Legislativo, dirigentes de partidos no solo del oficialismo, también de la oposición”, dijo.

Explicó que su argumento para rechazar la habilitación de Morales como candidato versó en que “el voto popular tiene una soberanía, entonces la Constitución, que la respetamos  y está por encima de las otras normas, dice que el pueblo delibera y gobierna (…) un referéndum es una democracia directa, entonces el pueblo delibera y gobierna, entonces la soberanía es del pueblo”.

Contó además que sus colegas que validaron la repostulación de los actuales mandatarios arguyeron que “el fallo del TCP estaba por encima de cualquier otra normativa y que se aplica de manera preferente la convención de San José sobre los derechos políticos”.

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Movilizaciones que defienden el cumplimiento del referéndum del 21F exigieron a los vocales dar cumplimiento a sus resultados y dejar de lado el fallo constitucional. Sandoval remarcó que su función como autoridad electoral no contempla “debatir y analizar el fallo” y solo se podía limitar a determinar la habilitación o no del binomio oficialista.

La repostulación de ambos mandatarios había sido rechazada en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y ese veredicto tenía un carácter vinculante, pero un año y medio después el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la aprobó a través de una polémica sentencia.

“Jurídicamente, esa contradicción de normas no nos ha permitido habilitar a los candidatos Morales y García, pero más allá de lo jurídico, al ser un ente electoral y nosotros vocales tenemos una convicción democrática de que el voto popular tiene una soberanía”, dijo.

También se le consultó por qué, pese a su disidencia, se mantiene en el cargo. La autoridad respondió con la afirmación de que la solvencia del voto se "puede garantizar" mediante, por ejemplo, el Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas Resultados Preliminares de Actas en Recinto. Ahí apunta su labor.

“Creemos que desde dentro podemos seguir contribuyendo hasta que realmente exista algún hecho, si es que lo hubiera, de que el Órgano Electoral no funciona bien en su misión principal que es la de garantizar las elecciones, ahí sí podría analizar una renuncia, pero en este momento no”, afirmó.

(05/12/2018)