La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abordó la reelección indefinida en Bolivia fue relativamente tranquila, si no hubiera sido por algunas pequeñas pancartas y arengas que interrumpieron en más de una ocasión la sesión en la que el Estado boliviano era denunciado por violar la Constitución a través de la aspiración del presidente Evo Morales de volver a postular en las próximas elecciones.

La audiencia no comenzó a la hora fijada, tuvo un retraso de poco más de 10 minutos, debido a que la presidenta de la CIDH, Margarette May, se vio perjudicada por el tráfico en Washington. La audiencia comenzó sin su presencia. Los primeros 15 minutos fueron para la parte denunciante.

Los representantes de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y de la Fundación de los Derechos Humanos expusieron el origen del conflicto por la reelección indefinida, desde la aprobación de la Constitución en 2009 que sólo permite una reelección, pasando por el referendo del 21F, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la reelección de Evo Morales.

Los argumentos contra la reelección fueron emitidos uno a uno y se escuchaba que ésta desconoce la voluntad popular, que impone candidaturas, que la Convención Americana de Derechos Humanos no concibe la reelección indefinida como un derecho humano, entre otros.

La petición final antes de que terminen los 15 minutos de exposición fue una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre si la reelección indefinida es compatible con la Convención y que la CIDH exhorte al Estado a respetar el derecho a la protesta, además de que haga un seguimiento a los derechos ciudadanos con motivo de las venideras elecciones.