El artículo 7 de la CPE dice que “la soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible”. Si la voluntad de todo el pueblo ha creado nuestro orden jurídico cuya cúspide viene coronada por la Constitución, solo ese pueblo, en su conjunto y con sus valores y voluntades, es quien puede cambiar ese orden jurídico establecido.

El TSE y el TCP no deben ejercer la soberanía porque nadie les delegó esa potestad. Ambos carecen de eficacia jurídica.

La sentencia del TCP no tiene competencia para modificar “de facto” la Constitución, ni el TSE puede modificar la decisión soberana y menos subalternizarla a la sentencia de un órgano “constituido”.

El TSE no tiene atribución para derogar, suspender o modificar total o parcialmente el resultado de un referéndum, solo debe ponderar el valor jurídico legal de la sentencia del TCP frente al resultado de la decisión soberana del 21 F y dar preeminencia a la superior, de lo contrario se alzara públicamente al impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de su propia ley constitutiva, que ordena que el resultado del referéndum es vinculante como resultado democrático Constituyente, directo y resolutivo.

El órgano electoral no es un poder en sí mismo porque no decide nada, quienes deciden son los ciudadanos, solo proclama resultados electorales y estos deben enmarcar sus resoluciones con necesaria neutralidad, independencia y autonomía con respecto a los otros poderes públicos.

El poder del TSE está atribuido gracias al consentimiento de los gobernados, autorizar la repostulación constituirá una rebelión. Si el TSE valora la decisión soberana conforme a consideraciones e intereses de naturaleza política y no jurídica, será la demostración de que sin la participación de los miembros del TSE no habría manipulación política. Ese mal uso solo será posible con la aquiescencia de los propios, subyugados por las recompensas. El TSE ya evidencio que no es independiente, ni frente a otros poderes del Estado ni frente a los grupos de presión del régimen. Tiene condición de independencia formal, pero de sujeción real al poder de turno, lo que ha provocado un profundo rechazo social.

El desconocimiento de la decisión soberana parece inminente, sería una rebelión institucional del TSE contra el ciudadano, lo que supone un golpe de Estado, ojalá esté equivocado. El TSE y sus actos están en la mira nacional y serán responsables de lo que podría ocurrir en Bolivia.