Medio: Jornada
Fecha de la publicación: martes 04 de diciembre de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Los miembros del TSE deben actuar con sentido de responsabilidad, sometidos a lo que manda y ordena la CPE, demostrando honorabilidad como representantes del Órgano Electoral con independencia como presupuesto de su legitimidad.
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Todo referéndum es un sistema de responsabilidad compartida, lo legal es el respeto a la democracia directa. El TSE debe evitar contradecir su Proclama de inamovilidad del artículo 168 cuando se pronuncie el 8 de diciembre o adelante la misma, respecto a la decisión soberana del 21 F como la máxima expresión jurídica del Estado, la que es unívoca y por tanto, no se puede invocar su “nulidad”.
El TSE está llamado a conocer de aquellos asuntos que tengan interés casacional, objetivo electoral, que es algo distinto a votar en interés subjetivo del régimen con criterios antijurídicos y forzados. No le compete interpretar la Proclama para alterarla y cambiar su significado, porque se estaría cambiando la voluntad del pueblo como legislador Supremo y porque toda Resolución es parte de la legislación nacional.
Si el Tribunal Supremo Electoral pone en cuestión el valor de su jurisprudencia ¿Cómo podría pedir respeto a la misma? La prevalencia de la decisión del Soberano sobre la Sentencia del TCP es una solución correcta y firme que contrarreste toda ambición inconstitucional.
De lo contrario, un cambio jurisdiccional, que no respete la decisión del Soberano pasará a la historia como infamia que estigmatizará a quienes incurran en ella y, tratándose de una resolución adoptada por un órgano colegiado, también a quienes la secunden sin formular objeciones ni reparos a su esencia.
El presidente Morales puso en manos del pueblo, decidir sobre su permanencia en el poder. Por lo que se llevó a cabo el referéndum del 21 F. El “fatal resultado en contra de su persona y del vicepresidente García Linera”, ha provocado una oscilación de lo populista a lo autoritario.
El desconocimiento del voto ciudadano por parte del TSE sería el derrocamiento del orden constitucional; sería una rebelión institucional contra el ciudadano, significaría la captura total del Estado por una minoría que nos podría conducir, como dijo el exministro de defensa del MAS Reymi Ferreira, al enfrentamiento entre bolivianos.
El pueblo aún confía en que el honor de los miembros del TSE, el prestigio para con sus hijos, nietos, dé certidumbre y seguridad jurídica electoral.
¿Qué es el honor? El respeto por sí mismo.
