El Tribunal Supremo Electoral, o alguien muy poderoso por encima de él, decidió anticiparse a toda forma de presión y tomó su decisión sobre la habilitación de candidatos para las elecciones primarias de enero de 2019 y cuyo objetivo actualmente no tiene mayor sentido, puesto que cada partido solo ha habilitado un frente.

Desde que empezó el proceso, incluyendo la presentación de la Ley de Organizaciones Políticas en el plazo justo para acelerar sus fechas y forzar las primarias ya en este periodo legislativo, todos los ojos estaban puestos en la decisión que se iba a tomar al respecto de la habilitación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), que indudablemente iba a estar formado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Muy pocos políticos en el mundo hubieran podido tomar la decisión de eludir la voluntad popular y persistir en la intención sometida a consulta, en este caso la reelección

El Electoral es un poder del Estado innecesariamente relevante y con una independencia muy mermada. No es un problema de hoy, sino que se ha arrastrado por décadas, resultado de leyes inconsistentes y burocracias pensadas para beneficiar a los de siempre.

La habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera está en contra de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde más del 51 por ciento de la población les negó la petición expresa y extraordinaria de olvidarse por una única vez de la limitación de mandatos para que pudieran buscar su reelección.  El Tribunal Supremo Electoral administró impecablemente aquel proceso que acabó con derrota flagrante del oficialismo. Y evidentemente, tomó nota.

Muy pocos políticos en el mundo hubieran podido tomar la decisión de eludir la voluntad popular y persistir en la intención sometida a consulta, en este caso la reelección. Evo Morales la tomó. Los suyos idearon una acción abstracta de inconstitucionalidad contra los artículos que limitan los mandatos, como en muchos otros países del mundo, y el Tribunal Constitucional, igualmente cuestionado en su independencia y credibilidad, optó por considerar la reelección un derecho humano. Su aplicación modifica la Constitución y es precisamente si esa modificación es parcial – que pueden hacer los jueces y legisladores – o total – que requiere la aprobación en referéndum – lo que nos e ha dirimido.

Lo cierto es que el Estado está ordenado como está, y los poderes del Estado son independientes, pero todos se someten a la Justicia, que en este caso administra el Tribunal Constitucional. Es cierto que el resultado hubiera sido el mismo, pues si el Tribunal Supremo Electoral hubiera decidido inhabilitar el binomio del MAS, ellos pudieran haber apelado al TCP para salvaguardar su “derecho humano”, y este poder hubiera obligado a su habilitación en base a su jurisprudencia.

Es cierto que el resultado hubiera sido el mismo, pues si el Tribunal Supremo Electoral hubiera decidido inhabilitar el binomio del MAS, ellos pudieran haber apelado al TCP para salvaguardar su “derecho humano”, pero no es igual

Por tanto, el resultado hubiera sido el mismo, pero no igual. El árbitro hubiera salvaguardado sus procedimientos y las iras se hubieran enfocado en otro órgano, evitando así las de por sí habituales controversias que generan sus actividades, nunca tan transparentes para los amantes de la conspiración.

La secuencia de acciones empieza a alejarse de las líneas ejemplarmente democráticas que exigirían momentos como los actuales y que, evidentemente, es en la democracia y en las ánforas donde deben resolverse de una vez por todas.