La firma de diez personas terminó valiendo más que la decisión de dos millones y medio de personas y que la Constitución Política del Estado (CPE).

La carta magna no permite más de dos mandatos consecutivos y un referendo ratificó esa limitación: el 21 de febrero de 2016, el 51,3% de la población (2.682.517 personas) rechazó que Evo Morales y Álvaro García Linera, entre otros funcionarios públicos, puedan ser candidatos eternamente.

Sin embargo, pese a la ley y al voto popular, Morales y García se presentarán a las elecciones de 2019 porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió en 2017 una resolución,  basada en el Pacto de San José, que los habilita; y esa decisión fue ratificada por el TSE, que la noche de este martes publicó la lista de postulantes habilitados para los comicios y los incluye.

Después del voto del 21F , diez funcionarios públicos allanaron el camino para que Morales y García sean candidatos. Conoce quienes son:

Vocales del TSE

Idelfonso Mamani

Es abogado y cuenta con dos maestrías y dos diplomados. Fue director departamental del Servicio de Registro Cívico en Potosí y asesor del TSE. Trabajó como secretario técnico de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.

En 2015, tras asumir como vocal nacional, quedó expuesto por una denuncia que con fotografías demostraba su participación en la campaña electoral del MAS en Potosí. El dijo que "desconoce" esas imágenes.

A fines de 2017 se denunció que era sobrino del candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional Pastor Mamani, pero cuando el diario Página Siete le hizo la consulta evitó referirse al tema y pidió que no le hagan esa pregunta.

María Eugenia Choque

Se tituló de la carrera de Trabajo Social y tiene un diplomado en Educación Superior. Cuenta también con una maestría en Historia Andina y un doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo. Trabajó como docente en la Universidad Mayor de San Andrés y se especializó en informes y estudios de pueblos indígenas, relaciones de género, políticas de educación, descolonización y participación política de la mujer.

En 2015 fue acusada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) de tener afinidad con el Gobierno de Evo Morales.

En 2004 fue viceministra de Políticas y Gestión de Tierras Altas durante la presidencia de Carlos Mesa, según decretos supremos de la época.Sin embargo, ese dato no figura en su currículum.

Asumió la presidencia del Órgano Electoral en octubre, luego de la renuncia de la vocal Katia Uriona.

Lucy Cruz Villca

Fue designada vocal por el presidente Evo Morales. Es graduada de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), trabajó como asesora legal en la empresa minera Huanuni y en agosto de 2014 fue elegida como presidenta del Tribunal Departamental de Oruro.

Lidia Iriarte

Ejerció como notaria de fe pública. Tiene 40 años y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Habla castellano y quechua. En 2016 postuló a la Defensoría del Pueblo.

Fue elegida por la Asamblea Legislativa Plurinacional como vocal suplente del TSE en 2015, con 111 votos. En noviembre de este año, asumió el cargo de titular en el Órgano Electoral luego de la renuncia de los vocales Katia Uriona y José Luis Exeni.

Magistrados del TCP

Las seis personas que firmaron la resolución son: Mirtha Camacho, Ruddy Flores , Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza y Neldy Andrade. Fueron elegidos por voto popular pero ninguno pasó del 6% de votación y al momento de la resolución sumaban entre todos 57 denuncias.

Mirtha Camacho

Fue elegida con el 5,95% de los votos. Es abogada Penalista de la Universidad Técnica de Oruro y egresada de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo.

En 2015 fue denunciada por el delito de incumplimiento de deberes y otros. Fue aprehendida tras negarse a declarar dentro de un juicio en su contra.

Hasta 2017, era la magistrada que más denuncias acumulaba: 13. Entre ellas por los delitos de incumplimiento de deberes, beneficio  del cargo, ventaja económica e incumplimiento de una sentencia constitucional.

Macario Lahor Cortéz

Fue elegido magistrado con el 4.40% de los votos.

Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios. Realizó una especialidad en Derecho Constitucional, Diplomado en Derecho Constitucional y Asamblea Constituyente, entre otros estudios.

Hasta 2017 tenía once denuncias en su contra, entre ellas por el delito de prevaricato.

También fue acusado de estar vinculado a organizaciones afines al MAS. Desde el oficialismo, aseguraron que fue elegido por el voto del pueblo y que acreditó un certificado de no filiación o pertenencia política con ningún partido.

Actualmente es director del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Ruddy Flores

Elegido con el 5,77% de los votos, es abogado y diplomático. Tiene maestrías en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional y en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Hasta 2017 había tenido al menos 7 procesos en su contra.

Uno de los casos de mayor resonancia fue en 2015, cuando Flores conducía una vagoneta  por la carretera Sucre-Potosí y colisionó contra una motocicleta manejada por Marcial Trujillo (25), quien falleció de manera instantánea, según la Policía de Betanzos, citada por la radio Aclo.

El Ministerio Público le inició un proceso por la comisión del delito de lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito. No obstante, la jueza Mary Jacqueline Barrientos, en una audiencia cautelar, resolvió dejarlo en libertad.

Actualmente ocupa un cargo de director en la Cancillería boliviana.

Oswaldo Valencia

Ocupó el cargo con el 3,91% de los votos. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales  de la Universidad Superior del Oriente Boliviano. Tiene maestrías en Derecho Penal y Procesal, Constitucional y Procesal Constitucional.

Entre la decena de denuncias que enfrentó, está la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Ley y falsedad ideológica.

En julio de este 2017, fue criticado por emitir un instructivo en el que prohibía algunas prendas de vestir para los funcionarios del TCP: jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas, chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas.

Tras una ola de críticas en contra de su idea, dejó sin efecto la norma.

Durante su gestión como presidente del TCP, se declaró inconstitucional la figura del preaviso como mecanismo de despido y se eliminó el artículo 12 de la Ley General del Trabajo sobre esta figura legal.

En 2018 postuló al cargo de Fiscal General del Estado.

Zenón Bacarreza

Fue elegido con el 2,45% de los votos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Bacarreza tiene 9 procesos en su contra, entre ellos por corrupción y tráfico de influencias.

En 2016, gremiales de El Alto exigieron su destitución por presuntamente haber favorecido a su hermana como jueza de Sentencia y a su hermano como subalterno de un juzgado.

El magistrado dijo, al periódico chuquisaqueño Correo del Sur, que jamás influenció ante los jueces para favorecer a sus familiares. “Jamás ejercí presión o influencia sobre ninguna autoridad en beneficio particular o de familiares, descarto todo tipo de tráfico de influencias”, se excusó.

Neldy Virginia Andrade

Elegida con el 5,25% de los votos, es abogada titulada de la Universidad Autónoma Tomás Frías y tiene un post grado en Derecho Procesal y Oralidad. Tiene 7 procesos en su contra.

En 2012 estuvo envuelta en una polémica luego de que un medio digital hiciera conocer que la magistrada firmó resoluciones de sala mientras estaba ausente del país, aparentemente en representación del TCP, entre el 17 y 25 de julio de ese año.

Por otra parte, una disputa matrimonial en 2013 acabó con acusaciones  en contra de la magistrada. Andrade fue denunciada formalmente ante el Ministerio Público por su esposo, Ariel  Sanabria, de ejercicio ilegal del cargo, falsificación de documentos, declaración jurada falsa, tráfico de influencias y supuestos viajes de placer con dinero público.

Andrade calificó como falsas esas denuncias y manifestó que respondían a una motivación machista para que ella deje el cargo. Actualmente trabaja en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

Los ausentes

Cuando el TCP firmó la resolución, Efrén Choque, el séptimo magistrado, no firmó el acta de la sala constitucional. 

En el caso de la habilitación de binomios del TSE, los vocales Dunia Sandoval y Antonio Costas, firmaron en contra.