Hay dos hechos inmutables en política. El primero, que la política es correlación de fuerzas. El segundo, que todas las Constituciones del mundo son una guía general para gobernar un determinado país que tiene que ser (re)interpretada políticamente.
La oposición boliviana, política y mediática, hace trampas constantemente e intenta engañar a la ciudadanía construyendo una realidad distorsionada que sirva a sus intereses políticos. No le importa mentir a la población.
En primer lugar, parece no recordar la Asamblea Constituyente en aquellos años del empate catastrófico, cuando sus aliados de la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos de choque apaleaban indígenas o atacaban con dinamita el exterior de la Constituyente, máxima expresión del poder popular; esa misma oposición imponía la posibilidad de una sola reelección dentro de la Asamblea.
La posibilidad de presentarse tantas veces como se desee a una elección no necesariamente es algo malo. Ahí tenemos a Angela Merkel, que lleva gobernando más años que Evo Morales, y nadie piensa que Alemania tenga un mal gobierno o que el mismo no sea democrático.
A esa misma oposición que insiste en el carácter no democrático del Gobierno boliviano y que vivimos en una dictadura porque el 21 de febrero de 2016 ganó un referendo por 51-49, parece olvidársele que tuvieron que construir la campaña mediática más sucia y llena de mentiras para poder obtener 136 mil votos más que el proyecto de continuidad del Proceso de Cambio. Olvidan que el Gobierno no anuló la elección y haciendo una crítica legítima a ese inicio de las fake news en Bolivia (que con seguridad tendrá continuidad en la campaña electoral de 2019) aceptó el resultado, y buscó fórmulas alternativas para validar —de acuerdo con las leyes bolivianas, y sobre todo a su máxima expresión, la Constitución Política— la repostulación del Presidente que ha colocado a Bolivia como referente político y económico entre los países de América Latina.
Y como las Constituciones se escriben para ser interpretadas por los tribunales constitucionales de cada país (de hecho la propia Constitución de Estados Unidos tiene tan sólo 7 artículos y 27 enmiendas, siendo interpretada constantemente desde su aprobación), el Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó que es la propia Constitución Política del Estado la que coloca por encima suyo el Pacto de San José (en realidad cualquier tratado internacional firmado por Bolivia en materia de derechos humanos), que en su artículo 23 de los Derechos Políticos establece que todos los ciudadanos tienen derecho  a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Al igual que a Samuel Doria Medina, ministro del neoliberalismo, y candidato en innumerables ocasiones, nadie le ha restringido el derecho a participar de la vida pública del país, no se debe restringir el derecho de ningún boliviano o boliviana de buscar el voto de la ciudadanía. Finalmente, quien tiene la última decisión es el pueblo con su voto.
Aunque parece trillado, exijamos como ciudadanía a nuestros políticos que nos presenten el proyecto de país que tienen para el período 2020-2025, y que sea una mayoría la que decida qué proyecto es el más adecuado para la nueva Bolivia que estamos construyendo.