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A partir de las 15.30 (HB), en el salón B Padilha Vidal, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escucharán hoy los argumentos de dos fundaciones y del Gobierno nacional sobre la Reelección   en Bolivia, la Sentencia 084/2017 y la Convención Americana.

La audiencia pública informativa fue solicitada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (Human Rights Foundation) en su afán de impedir que el presidente Evo Morales vuelva a postular en futuras elecciones, pese a que se lo permite la Sentencia Constitucional 084/2017.

Por ello, serán los representantes de estas fundaciones —en las cuales aparecen el exasambleísta de Podemos Rubén Darío Cuéllar y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar— los primeros en exponer sus reclamos a los comisionados en un lapso de 15 minutos.

Después de ello, en un tiempo similar, el Gobierno boliviano —que estará representado por el canciller Diego Pary; el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta; el procurador general del Estado, Pablo Menacho, y el embajador José Alberto Gonzales— responderá a las dos fundaciones.

Mientras las fundaciones alegarán que la repostulación del presidente vulnera los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, que rechazó la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), la delegación nacional enfatizará en la defensa del fallo 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que restituyó los derechos políticos de las personas para volver a postular en futuras elecciones.

El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional indicó a Panamericana que la audiencia permitirá explicar “los alcances de la Sentencia 084/2017, que habilita jurídica, legal y legítimamente la candidatura del Presidente y del Vicepresidente para las elecciones de 2019”.

A su vez, el vicepresidente Álvaro García Linera recordó que lo que hizo el TCP en su sentencia de 2017 fue declarar la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre algunas disposiciones de la Constitución que limitaban la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales.

“Lo que el Tribunal ha interpretado es que hay un artículo de un convenio internacional que establece que no hay que colocar límite a las personas para poder buscar el voto de los ciudadanos, al fin y al cabo quien va a definir si uno es presidente o no es presidente es el voto de los bolivianos. Entonces, el Tribunal dijo que esto está primero en términos de derechos políticos de las personas”, afirmó a la Red Unitel.

En virtud de ello, el Ejecutivo y el MAS-IPSP defienden la legalidad de la postulación del Presidente y del Vicepresidente, frente a los opositores que la objetan y consideran que con ello se violan los resultados del referendo de 2016, pese a que el artículo 168 de la CPE no fue modificado.

El canciller del Estado, Diego Pary, quien ya se encuentra en Washington para participar hoy en la audiencia de la CIDH, afirmó que la decisión asumida por el Tribunal Constitucional “no está en discusión, ni en cuestión; es una definición que se ha tomado y se la tiene que respetar”.

Arce enfatizó en que países como Nicaragua, Honduras y Costa Rica aplicaron estos mismos criterios para no limitar los derechos políticos de las personas.

A su vez, Pary aclaró que los organismos como la CIDH “son mecanismos subsidiarios a las cortes nacionales” y que, por ello, en la audiencia de hoy no se asumirá ninguna decisión ni tendrá “consecuencias posteriores” para el país. Con la audiencia “se cierra este procedimiento”, afirmó.

García Linera apuntó que la audiencia es “meramente informativa” y que “no hay nada vinculante” que vaya a emerger de ella.