La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará hoy en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la sentencia 84/17 del Tribunal Constitucional (TC) que validó la repostulación de las autoridades electas bolivianas, entre ellas el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, a solicitud del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos.

Según el calendario de la CIDH, desde el 1 al 7 de diciembre se realizan las audiencias públicas del 170 período de sesiones que se realizará en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos.

En ese marco, hoy, las dos fundaciones que denunciaron el tema de Bolivia tendrán una hora para exponer el polémico tema de la reelección sin límites de las autoridades electas en el país.

A la audiencia pública también asistirá una delegación del Gobierno boliviano, compuesta por el canciller Diego Pary; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el procurador general del Estado, Pablo Menacho, y el embajador de Bolivia ante la OEA, José González, autoridades que ayer se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Del mismo modo, en la sede de la OEA, se encuentra una delegación del Movimiento Demócrata Social (MDS) liderado por el senador y candidato a la Presidencia en las elecciones primarias, Oscar Ortiz, quien a través de su cuenta en Twitter informó que se reunieron con el Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la OEA, Gonzalo Koncke, como parte de su campaña en defensa del 21F.

“Entregamos un reporte sobre el atropello q significa a nuestra CPE, al voto y a la democracia, la inscripción de la candidatura inconstitucional de Morales y Garcia Linera a las primarias, generando un alto grado de tensión en Bolivia y posible ruptura del orden constitucional”, dijo Ortiz.

PROTESTAS Y TENSIÓN

De forma coincidente en estas fechas, en Bolivia las plataformas ciudadanas, cívicos y diversas organizaciones de la sociedad realizan varias movilizaciones entre marchas de protesta, vigilias y un paro cívico exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no habilite al presidente Evo Morales a las elecciones primarias.

Desde el año pasado, organizaciones de la sociedad civil y partidarias acudieron a la CIDH y luego a la Corte-IDH para que en su calidad de único intérprete de la Convención Americana se pronuncie sobre si el artículo 23 “reconoce la reelección como un derecho político”.

El año pasado, el TCP falló a favor de la reelección sin límites ni restricciones bajo el argumento de la aplicación preferente del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 23; asimismo, dejaron en suspenso artículos de la Carta Magna y la Ley del Régimen Electoral.

Con este fallo, los mandatarios Evo Morales y Álvaro García pueden ir a su tercera repostulación consecutiva en las elecciones nacionales de 2019, pese a que la ciudadanía rechazó esta posibilidad en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional el año pasado ha fallado a favor de la reelección sin límites de las autoridades electas, su sentencia se basa en la aplicación preferente –precisamente– del artículo 23 de la Convención.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y partidarias sostienen que la interpretación no ha sido correcta, porque el Pacto de San José de Costa Rica no vela por los derechos de autoridades que detentan el poder, sino por los derechos de los ciudadanos.

Sobre el tema, el canciller, Diego Pary, aseguró que la audiencia de este miércoles no definirá absolutamente nada.

“La audiencia no va a tener conclusiones, no va a tener ninguna recomendación para el Estado; es una audiencia en la cual vamos a informar ambas partes”, aseguró la autoridad.

La reunión durará una hora, cada parte tendrá un aproximado de 15 minutos para exponer sus respectivas posturas sobre el tema en cuestión. “Hemos arribado para poder facilitar toda la información que sea necesaria con absoluta transparencia, y con la seguridad de que nuestros argumentos son constitucionales, que nuestros argumentos están regidos en el derecho internacional”, agregó Pary.