“Continúa la incertidumbre, no sabemos quién es el alcalde, porque Leyes asumió una serie de medidas administrativas que no solamente rayan en lo ilegal, sino irracional”, manifestó en declaraciones a los medios estatales.

Explicó que constitucionalmente no es posible que Leyes —que guarda detención preventiva en la cárcel de San Antonio por corrupción en el caso Mochilas II— administre el gobierno municipal desde su celda.

Dejó establecido que la norma legal y la Constitución prevén que cuando hay ausencia del titular, asume el cargo el suplente. “Entonces, es ilegal que Leyes insista en seguir siendo la MAE (máxima autoridad ejecutiva) de la Alcaldía”, precisó. Molina se apegó a la norma para explicar el accionar de la autoridad edil. 

“El artículo 11 de la Ley de Municipalidades dice que la ausencia por impedimento temporal del alcalde o alcaldesa, concejal o concejales, surtirá efectos legales cuando emerja de instancias jurisdiccionales competentes, cuando corresponda, hasta que cesen los efectos de la causa del impedimento”.

Agregó que el impedimento es que Leyes es un privado de libertad por delitos de corrupción y daño económico al Estado, por 10,3 millones de bolivianos, por el caso Mochilas II, lo que no le permite asistir a su fuente de trabajo. Además, que está investigado por otros ilícitos que ocasionaron un daño económico por más de Bs 50 millones.