El viceministro de Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, explicó que la acusación se la hizo ante el Ministerio Público por los delitos de concusión, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Se iniciaron las indagaciones en abril de este año y se llegó a la convicción de que existen todos los elementos de un hecho muy grave de corrupción, y se procedió a presentar la acción penal”, afirmó en conferencia de prensa.

Explicó que a través de la norma 069 del Concejo Municipal de Uyuni, en 2016 se instruyó la transferencia de bienes del Estado para inicialmente 4.179 beneficiados particulares con lotes, pero que esa norma no se enmarcó en la Ley 803, que regula ese tipo de procesos y competencias de los municipios.

En el Comité de Autonomías Municipales y Regionales de la Asamblea Legislativa, el 15 de mayo de 2018, le negaron esa autorización y se le pidió subsanar observaciones. También se puso en conocimiento del Ministerio de Justicia para que se tomen acciones, en el marco de la transparencia.

Pese a eso, el alcalde Mendoza Huayllas, en enero de 2018, emitió varias ordenanzas para autorizar la transferencia de bienes sin haber concluido el procedimiento ni contar con la aprobación de la Asamblea.

Además, fijó el monto de 20 bolivianos el metro cuadrado y realizó contratos particulares con ciudadanos del municipio de Uyuni por diferentes montos autorizando la venta de bienes del Estado como lotes particulares.