En una histórica reunión realizada este fin de semana en la comunidad de Pampa Grande, del municipio de Padcaya en Tarija, organizaciones y plataformas ciudadanas de toda Bolivia determinaron constituir la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos, instancia que apunta a ser la resistencia ante el avance inminente del Gobierno nacional en proyectos que según los activistas y dirigentes, atentan contra la madre tierra.

El encuentro se desarrolló a convocatoria de la Subcentral de Campesinos de Tariquía que se opone al ingreso de petroleras a la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía. El primer Congreso Nacional de Integración y Defensa de Territorios que se realizó en dos jornadas, el 1 y 2 de diciembre del 2018, con la consigna de crear comités locales y regionales de las áreas protegidas que están amenazadas por el extractivismo, siendo el compromiso asumido el de defender, gestionar y denunciar la vulneración de los derechos humanos y de la madre tierra ante las instancias competentes.

La dirigente de la Subcentral de Tariquía, Paola Gareca, expresó que esta reunión se da en medio de una emergencia ante la política agresiva extractivista impulsada por el Gobierno Nacional, que está violando de manera constante y sistemática los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, territorios y áreas protegidas, incluso la misma Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales que protegen derechos humanos y la normativa ambiental.

Al concluir la segunda jornada de intenso debate, los representantes de toda Bolivia firmaron un acta elaborada a partir de las ponencias que se tuvieron en la reunión. El resultado se resume en nueve puntos acordados; el primero fue rechazar el plan geopolítico que impulsa el Gobierno que aseguran está destruyendo territorios y áreas protegidas, beneficiando a las transnacionales y a la colonización interna mediante prebendalismo político.

Las organizaciones también exigen la anulación definitiva de todos los proyectos y mega proyectos extractivistas que se encuentren al interior de las áreas protegidas del país, rechazando y desconociendo los decretos supremos y otras normas aprobadas por el Gobierno que los refrendan, como títulos y resoluciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que son parte de lo que califican como un avasallamiento.

“Nos unimos y apoyamos todas las luchas y resistencias que venimos afrontando los pueblos indígenas originarios y campesinos en defensa de nuestros territorios y áreas protegidas de todo el territorio nacional, principalmente con los pueblos que viven en el aislamiento voluntario”, dice en su parte conclusiva el acta firmada en el encuentro, donde también existe un artículo que desconoce al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por su complicidad en la intervención y acampamiento en la implementación proyectos en las reservas.

Sobre el tema, la asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), María Lourdes Vaca, recordó que la unión se da en medio de un contexto en el que el Gobierno ha aprobado las licencias ambientales que permiten a las petroleras realizar trabajos de exploración y explotación en las zonas de interés hidrocarburífero como: Astillero, Domo Oso y Churumas, que están adentro de Tariquía.

Algunas organizaciones participantes del evento

Entre las organizaciones participantes estuvieron la Subcentral Tariquía, representantes del Parque Nacional Madidi y Pilón Lajas, de la Mancomunidad de los Ríos Quiquibey, Beni y Tuichi, representantes del Bala y Chepete, del Bosque Chiman, la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), representantes de Roboré, del Tipnis, de la Resistencia en Rositas, de la Capitanía Gran Kaipependi, Capitanía de Ivo, Charagua, de Iyambae y su representación en los parques Kaa Iya y Nembiguasu.