En la semiología de la novela del español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada a comienzos de 1605 y convertida en una de las obras principales de la literatura universal, Sancho Panza, representa a la realidad o al pueblo común y corriente, mientras que Alonso Qujano, personaje principal, Don Quijote, a la fantasía y a los sueños.

Pero, ni fantasía, ni sueños, en Bolivia asistimos a eventos que ya de tanto repetirse, ni nos asombran, ni nos indignan, pero debemos hacerlo, porque están atacando nuestra esencia como personas.

‘Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias o ataques”, dice el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos (DD.HH).

Pero en Bolivia eso no ocurre, pues acabamos de ver cómo le metieron mano a nuestra privacidad al manipular los datos contenidos en el Padrón Electoral del Tribunal Supremo Electoral y de pronto, sin beberla ni comerla, peor militar en tal o cual partido, aparecimos figurando en listas azules, rojas y amarillas, en el marco de esta alocada carrera electoral hacia el 2019, que como un turbión es capaz de arrastrar todo lo que se le ponga por delante.

Y no terminábamos de sorprendernos probablemente con “la astucia de algún chapulín azulado”, cuando de pronto aparece un Chapulín color verde olivo, con gorra, botas, que lejos de cumplir con su misión de proteger a la sociedad de los malos, vigila nada menos que 84 cuentas de periodistas y políticos de la oposición.

En el audio, que luego el Comandante General de la Policía, Cnl. Faustino Mendoza, dijera que es real, “pero montado”, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negara que se hubiera dado la instrucción de espiar a políticos, ha causado un revuelo en las esferas periodísticas y partidos de oposición al régimen del presidente Evo Morales.

El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento son derechos fundamentales expresados en los artículos 18 y 19 de la Declaración de DDHH.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, dice el artículo 18, que es copiado en su integridad por los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado aprobada en el 2009.

A estos dos eventos se suman las permanentes declaraciones del presidente Evo Morales, de culpar a las redes sociales de haberlo hecho perder el referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando ganó el No a una nueva repostulación presidencial, y por ello a la justificación de adiestrar a sus bases cocaleras del Chapare, para que actúen como “guerreros digitales”, en contra de las mentiras que se difunden en su contra.

Por esa razón la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido explicación al gobierno de Evo Morales y los periodistas a creer que nos encontramos  frente a un nuevo Caso “Watergate” azulado-verdeolivo, que haría contestar a Sancho, con su célebre frase, “A buen entendedor, pocas palabras”…