Medio: La Razón
Fecha de la publicación: lunes 03 de diciembre de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La decisión es similar a la asumida en otros departamentos del país, donde protestas con diversos niveles de convocatoria se expresarán por la inhabilitación, que debe ser decidida por las autoridades electorales hasta el sábado 8 de diciembre.
"Apoyar y sumar a todos los sectores representados en la Asamblea de la Paceñidad al paro cívico nacional que se realizará este jueves 6 de diciembre con bloqueo de calles y de las principales vías del Municipio paceño", establece el primer punto de la resolución aprobada este lunes y cuya lectura estuvo a cargo del exdefensor del Pueblo Rolando Villena.
En paralelo al paro convocado para este jueves se instaló una vigilia en inmediaciones del TSE, en la zona de Sopocachi, y continúa el avance hacia La Paz de tres marchas que partieron el fin de semna desde Konani y los Yungas.
El segundo punto de la resolución llama a los sectores sociales que forman parte de la Asamblea a que de "manera solidaria y movilizada" se organicen a la cabeza de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para recibir a la columna de marchistas que se dirige a la Sede de Gobierno para presionar al ente electoral por el respeto del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando ganó el No a la repostulación de Morales.
La medida de presión fue pactada entre las representaciones cívicas de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Santa Cruz. Forma parte de una estrategia que buscar presionar al TSE, que el sábado deberá hacer conocer la lista de los binomios habilitados para las primarias de enero y, en consecuencia, para la elección general del mismo año.
Los cívicos, plataformas ciudadanas y partidos de oposición esperan que los vocales inhabiliten al binomio del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y hagan respetar el voto de febrero de 2016.
Por el contrario, en el MAS cierran filas en torno a una sentencia constitucional de noviembre de 2017 que avaló la repostulación de los mandatarios y de autoridades subnacionales, apoyada en el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos políticos.
Clemente Gutiérrez, miembro de una fracción de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y afín al oficialismo, descartó que vayan a participar de las convocatorias a movilización.
La resolución tercera de la Asamblea de la Paceñidad encomienda a los dirigentes vecinales y del control social a tomar contacto "inmediato" con otras instituciones cívicas de los demás departamentos para que el "paro cívico nacional sea una expresión firme y contundente".
La Asamblea exigió además a la Asamblea Legislativa Plurinacional abrogar inmediatamente la Ley de Organizaciones Políticas que dio curso a las elecciones primarias del 27 de enero y que demandaran un presupuesto de Bs 27 millones para la elección de binomios únicos de nueve organizaciones políticas.
En lo externo, el partido Movimiento Demócrata Social (Demócratas) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acelerar el tratamiento de la denuncia contra la repostulación. También está fijada para este miércoles una audiencia de la CIDH para escuchar los argumentos de peticionarios y del Estado sobre la sentencia constitucional de la repostulación. (03/12/2018)