Antonio Alarcón, representante del Comité Cívico de La Paz, informó que tras una reunión con los comités del país, se determinó apoyar el paro cívico nacional del 6 de diciembre y las marchas que se dirigen a la ciudad de La Paz.

Alarcón indicó que la reunión de los cívicos de las diferentes regiones se realizó en la sede de Gobierno y donde solo estuvo ausente la delegación de Pando debido a problemas de logística.

"En la reunión de La Paz se decidió ratificar la resolución de Santa Cruz del 31 de octubre de 2018 que convoca al paro cívico nacional de 24 horas para el 6 de diciembre", dijo Alarcón, según la resolución de seis puntos. 

El representante indicó que miembros de diferentes comités cívicos del país forman parte de la marcha que partió el sábado de Konani rumbo a la sede de Gobierno.

Dijo que otra cantidad de cívicos se incorporó a la macha que viene desde Chulumani junto a organizaciones indígenas y cocaleros.

En otro de los puntos de la resolución, los cívicos conminan a la clase política, a las universidades y a las autoridades electas del nivel departamental y nacional a "asumir la defensa del 21F y la Constitución, sumándose a la resistencia civil del pueblo boliviano".

También exhortan a la unidad de todo el pueblo boliviano para defender el estado de derecho, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales "precautelado la democracia y la libertad frente a la flagrante vulneración de la Constitución Política del Estado y el desconocimiento a la voluntad del soberano".

Los cívicos exigen al Tribunal Supremo Electoral "actuar en el marco de la Constitución, con idoneidad, imparcialidad e independencia, haciendo respetar el 21F de 2016", entre otros puntos.

Las marchas y manifestaciones de los cívicos, plataformas ciudadanas, instituciones académicas, entre otros, rechazan las pretensiones del partido de Gobierno de postular al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones generales de 2019 cuando el resultado del referéndum constitucional de febrero de 2016 (21F) por mayoría de votos les negó esa posibilidad.

El partido de Gobierno acudió al Tribunal Constitucional del que obtuvo un cuestionado fallo que habilita al Jefe de Estado a postular sin límites.