Crece la tensión en contra de la segunda reelección consecutiva del presidente Evo Morales. A cuatro días de que el Órgano Electoral se pronuncie respecto a la habilitación de los candidatos a las primarias, aumentan las presiones en contra de los vocales con vigilias en los alrededores de los tribunales electorales de Santa Cruz y La Paz, además de las movilizaciones de plataformas ciudadanas y activistas, que partieron de la localidad orureña de Konani y otra de Yungas con dirección a la sede de Gobierno, y del paro cívico nacional convocado para el jueves 6.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó que no habrá intervención a las movilizaciones que se desarrollen de manera pacífica, a tiempo que dirigentes del MAS anuncian marchas en todo el país para el miércoles 5, un día antes del paro nacional y en la misma fecha en que se celebre en Washington la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará a representantes de la oposición y del oficialismo respecto a la repostulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, aduciendo que los límites del mandato contemplados en el artículo 168 de la Constitución afectan sus derechos humanos de postularse a la Presidencia.

“Hemos instruido a la Policía Caminera que cuide la integridad física de los marchistas y se eviten accidentes de tránsito. No habrá desbloqueos, se van a garantizar las movilizaciones”, expresó el ministro Romero en un contacto telefónico con EL DEBER. 

Opositores en la CIDH 
Ayer, el candidato presidencial por Bolivia dice No, Óscar Ortiz, presentó ante miembros de la CIDH en Washington más de 700 hojas con presuntas pruebas respecto a la intención del MAS de intentar legalizar la candidatura de Morales, mediante mecanismos como la Ley de Organizaciones Políticas y las elecciones primarias. Ortiz indicó que solicitó a la CIDH que trate el tema de manera anticipada, debido a que la repostulación generará conflictividad social en el país y, además, será un grave golpe a la democracia, en un camino que llevaría al país a repetir los casos de Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, en La Paz el presidente del Senado, Milton Barón Barón (MAS), afirmó que debe quedar claro que mañana solo habrá una audiencia informativa con la CIDH y no se tomará ninguna decisión.

“Para que ese caso se resuelva van a pasar mínimamente cinco o seis años, el procedimiento es largo, por lo tanto, en la audiencia del miércoles no va a pasar absolutamente nada”, explicó. Asimismo, representantes de 31 plataformas ciudadanas del país solicitaron, mediante una carta, a los vocales del TSE que se garantice su participación en las sesiones de sala plena en las que se debatirá la habilitación de los binomios para las elecciones primarias del 27 de enero de 2019.

La petición surgió en medio de versiones que circulaban en las redes sociales sobre una presunta reunión que sostuvieron el presidente Morales y los vocales del TSE. Sin embargo, las versiones fueron desmentidas por la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, y el vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, que ayer al mediodía presentaron un informe en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Por su lado, la diputada opositora Fernanda San Martín presentó un proyecto de ley en el que propone la suspensión de las elecciones primarias, debido a que aparentemente no habrá competencia al interior de ningún partido y por el alto costo del proceso, pero en respuesta el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, aseguró que la defensa de la democracia “no tiene precio.

El padrón y los delitos 
Los vocales del TSE afirman que existe “presunción de delito” en los registros de militantes partidarios, después de que más de 38.000 personas presentaron sus reclamos por irregularidades en las inscripciones. “Creemos que hay una presunción de un delito, pero el Ministerio Público tendrá que calificar y tipificar estos casos inicialmente y posteriormente tendrá que hacer la justicia ordinaria”, dijo el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, a su salida de la presentación de su informe ante la Comisión de Constitución de Diputados. De acuerdo al informe del tribunal, hasta el 2 de diciembre se registraron 32.761 solicitudes de anulación de registros, es decir, de personas que niegan haberse inscrito; otras 3.167 renuncias y 2.141 pedidos de restitución de ciudadanos que no aparecen en el partido que se inscribieron. El total de reclamos es de 38.069. Costas aseguró que la cantidad de reclamos presentados no sobrepasan el 1,9% del total de registros en los padrones partidarios.