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La Fundación de los Derechos Humanos (Human Rights Foundation), que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impedir una nueva postulación del presidente Evo Morales, fue vinculada con el golpe cívico-prefectural en contra del Gobierno nacional, en 2008.

“Human Rights Foundation (fue) un nombre muy sonado en el momento de los hechos de terrorismo en nuestro país; vinculadas algunas personas que estaban en Human Rights Foundation a los hechos de terrorismo; por lo tanto, no son fundaciones angelicales de defensa de los derechos humanos”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (MAS-IPSP).

Entre agosto y septiembre de 2008, los cívicos y prefecturas de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija se aglutinaron en el denominado Conalde (Consejo Nacional Democrático) y alentaron la toma de instituciones e impidieron que el presidente Evo Morales y las autoridades arriben a esas regiones.

En el marco de esos hechos, el 16 de abril de 2009, la Policía desarticuló una célula terrorista dirigida por Eduardo Rózsa Flores, que tenía el propósito de asesinar al Presidente y ayudar a la independencia de Santa Cruz.

Según el informe de la comisión multipartidaria que investigó esos hechos, en esas acciones estuvo vinculado Hugo Achá, que por entonces era el presidente de Human Rights Foundation.

La investigación determinó que Achá, esposo de la entonces diputada de Unidad Nacional (UN) Roxana Gentili, brindó apoyo financiero al grupo de Rózsa Flores: “presuntamente contribuía con $us 100 diarios a la banda, era el recolector de dinero de empresarios y miembros de distintas cámaras cruceñas, para el financiamiento de la banda”.

Human Rights Foundation y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia acudieron a la CIDH para intentar que esa entidad impida que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera vuelvan a postularse en futuras elecciones, pese a que el fallo 084/2017 los habilita, al igual que a todas las autoridades nacionales y subnacionales. En consecuencia, la CIDH escuchará mañana a los representantes de estas dos entidades, que entre sus integrantes se destacan políticos y cívicos (ver infografía).

La presidenta de Diputados precisó que se trata de una audiencia “como hay cientos de audiencias todas las semanas”, y puntualizó que estas dos “fundaciones son utilizadas como brazos operativos de los partidos de oposición en Bolivia”.

“Ellos tienen el derecho de una audiencia, de exponer su posición, el Estado boliviano también lo hará y eso es todo, eso es lo que va a ocurrir; la oposición pretende hacerlo ver como que eso generaría un proceso consultivo por parte de la CIDH, y eso es falso, eso no existe en los procedimientos de la CIDH”, enfatizó.