La pasión que le ha puesto el régimen, y ahora los vocales del Tribunal Electoral (TSE), al impulso y realización de las llamadas elecciones primarias esconde designios y anhelos que no guardan relación alguna con el avance de prácticas democráticas. Las forzadas votaciones partidarias del 27 de enero próximo están más bien encaminadas a profundizar las violaciones y el fraude perpetrados por el régimen, y su Tribunal Constitucional (TCP), contra la libre, y soberana decisión popular y la Constitución.

El entusiasmo que le pone la dirigencia del MAS y, por detrás suyo, el conjunto de altos funcionarios y magistrados que le deben la posición que ostentan, apunta a desplegar una gran operación propagandística que haga aparecer al legalmente proscrito binomio respaldado por una gorda votación, frente a las obviamente más discretas que pueden lograr los opositores, quienes se han visto obligados a improvisar inscripciones de afiliados y atropellados acuerdos y decisiones.

Esta primaria  –o más bien primitiva maniobra– quiere crear la ilusión óptica de un jefe y su secretario catapultados por una masiva votación que pueda neutralizar el clima de opinión vigente sobre el desplome de aceptación, convocatoria, legitimidad y credibilidad de un régimen hundido entre denuncias de desfalcos, jugadas turbias y abuso metódico del poder.

Las elecciones primarias que pudieron ser un avance para mitigar caudillismos y la viscosa opacidad en que viven y se desarrollan los partidos políticos,  se ven reducidas a  una triste maniobra con la que el régimen pretenderá deslumbrar con  un masivo respaldo de militantes y afiliados, pretendiendo escamotear que son, en su enorme mayoría, funcionarios temerosos de perder sus puestos, afiliados de organizaciones corporativas, domesticadas mediante una ingeniosa, pero nada novedosa, combinación de prebendas y castigos. 

La idea es exhibir una ventaja numérica aplastante frente a la que obtengan los binomios de sus contrincantes, para instalar la idea de que esa diferencia sería un adelanto o un reflejo de lo que ocurrirá en las elecciones de octubre. 

Además de esa operación de ilusionismo, las primarias de enero buscan conjurar los escalofríos que produce entre los dirigentes y operadores intermedios del oficialismo la creciente sensación de una inminente derrota en la elección nacional. Por ello, la jefatura quiere infundir una inyección de ánimos para nublar la percepción de que si ganan extremando arbitrariedades y trampas, su próximo período de gobierno será tan deleznable, y revocable, como de aquel que pueda derrotarlos si carece de un auténtico proyecto nacional y de un respaldo que haya logrado la adhesión de más de la mitad de los electores que apoyaron al MAS en las últimas elecciones.

Los binomios únicos, el arrinconamiento al que se forzó a los contendores y el camino de parcialización de los árbitros electorales componen el telón de fondo de una ceremonia tan costosa como falsa, por lo que el TSE haría bien en dejar de tratar de exhibirla como modelo de cumplimiento y pulcritud legal.

Las primarias pasan a ser, igual que las elecciones judiciales, una prueba de que existen votaciones completamente divorciadas de lo democrático y consagradas más bien a arropar la concentración monopólica, abusiva y corrupta del poder. Su principal o única utilidad, junto al lanzamiento de la feroz fase de campaña que estarán inaugurando, será mostrar ostentosamente la quiebra del sistema de representación política, tanto en su faz partidaria como en la de las organizaciones sociales secuestradas por el régimen.

Las votaciones  –que no eligen– del 27 de enero son finalmente, en la misma línea y con base a las experiencias y a las tendencias predominantes, la ruta hacia la fosa donde se enterrará todo atisbo de independencia e imparcialidad de unas autoridades electorales que después de haber claudicado de sus obligaciones y responsabilidades, en lo referente a la ley de organizaciones políticas, retroceden pusilánimemente ante las imposiciones del régimen, preparando la máxima claudicación que significaría inscribir una dupla proscrita por la Constitución y la decisión democrática popular.  

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.