Elegir significa “escoger o preferir a alguien o algo para un fin” mientras que preferir viene del latín “praeferre” que quiere decir “llevar adelante”, “anteponer”. Sobre la base de esas premisas, una elección es una “designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc.” en la que, para ser tal, debe haber por lo menos dos opciones. Cuando existe más de una opción (que, a su vez, significa “derecho a elegir entre dos o más cosas”), los llamados a elegir prefieren una u otra y, así, resulta designado el que recibe la mayor cantidad de apoyos o votos.

Cuando no existe más que una opción, una elección es imposible porque se convierte en designación directa. Si se somete esa única opción a consulta, o voto, se está desnaturalizando la esencia y el objetivo de la elección que es optar por una de dos o más alternativas. Por lo antedicho, resulta más que obvio que las elecciones primarias previstas para enero próximo no serán tales.

Teórica y jurídicamente, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas tiene por objeto el de regular “la conformación, funcionamiento y democracia interna” de los partidos. La misma ley señala que la democracia interna se entiende “como el ejercicio democrático y orgánico en todo proceso de toma de decisión en la estructura y vida orgánica de las organizaciones políticas, así como en la conformación de sus dirigencias y la selección de candidaturas en todos los niveles”.

Sin embargo, esta polémica ley no previó dos situaciones clave: la necesidad de que cualquier elección o toma de decisión se realice solo con dos o más opciones y lo que debe hacerse si es que no hay más que una. Resulta obvio, entonces, que no fue proyectada para democratizar los partidos sino simplemente para legalizar las resoluciones provenientes de las cúpulas.

En un escenario democrático ideal, cada partido debió presentar por lo menos dos opciones o candidaturas para que el militante elija de entre ellas. No obstante, lo que se produjo fue una designación directa porque fueron las cúpulas quienes decidieron quiénes serán los candidatos. Precisamente por eso hubo disputas que hasta provocaron rompimientos de alianzas. Todo esto demuestra que lo último que se pensó fue en democratizar la decisión de elegir candidatos. Se designó a una persona para que sea el candidato a la presidencia y otra para la vicepresidencia y eso fue todo. Esa única opción pugnará en comicios internos contra el voto en blanco que, aunque gane, no será tomado en cuenta.

Por tanto, estamos hablando de unas elecciones cuya realización no tiene sentido porque no serán tales. Como solo hay una candidatura por partido, esta será la designada y, para saberlo, no necesitamos desarrollar ninguna votación… los nombres ya están… ellos serán los candidatos. ¿Para qué, entonces, realizaremos unas elecciones que le costarán más de 27 millones de Bolivianos al país?

Como la Ley 1096 no dice qué se debe hacer cuando solo existe una candidatura, el Tribunal Supremo Electoral ya ha comunicado su decisión de llevar adelante las elecciones primarias. Por un mínimo de responsabilidad con el país, por lo menos debieron ensayar alguna otra salida legal como, por ejemplo, una resolución de sala plena y, si el problema era la prelación, podían sugerir que el Órgano Legislativo apruebe una ley de emergencia estableciendo que los binomios ya han sido conformados y no es necesario ir a las urnas.

Pero no… por lo visto, las primarias, como la aprobación y promulgación de la Ley 1096, no fueron concebidas con el propósito de fortalecer la democracia interna de los partidos. Su objetivo es revestir de alguna legalidad la inconstitucional repostulación de Evo Morales y Álvaro García. Lo demás es puro cuento.