En eso puede resumirse la actitud de los vocales quienes han sepultado cualquier posibilidad de reconocer responsabilidad, y mucho menos autocrítica, por el perturbador estallido de la burbuja de inscripciones falsificadas, omitidas y ‘transferidas’ que nos chantan a unas 11.000 personas, militancias falsas o chuecas. Como el TSE sería completamente ajeno al problema, endosado hasta ahora abstractamente a los partidos, quien tiene que pagar la factura es cada una de las personas cuya identidad se traficó, ya que son ellas las que tienen que hacer filas, llenar formularios, pedir permisos, para sumisamente entregar una hoja que podría dar satisfacción (o no) a nuestra demanda en unos 15 días.

Como en realidad este desparramo, estadísticamente menor, es resultado del apresuramiento impuesto por el Ejecutivo y obsecuentemente tolerado por el OEP, para adelantar unas primarias hechas a la medida de gallardos jinetes que pugnan por reelegirse a cualquier costo, es obligación de los servidores públicos –como son definidos y categorizados en nuestra Constitución–, los funcionarios, magistrados y cualquier otro, elegido o designado, preocuparse y procurar las mejores soluciones a un problema causado, ahora, no solamente por defecto de la maquinaria estatal, incluyendo en ella a los partidos, sino por un sesgo aberrante.

Eso significa la mayor apertura y disponibilidad para que la ciudadanía agredida por falsas inscripciones, militancias, omisiones o cambios de afiliación pueda aportar la información requerida de la manera más sencilla, accesible y transparente para corregir el entuerto causado por el Ejecutivo-los partidos-TSE; este último por no haber hecho respetar los plazos previstos en la ley de organizaciones políticas.

Me refiero, por ejemplo, a haber permitido que las oficinas de registro civil reciban los formularios, introduzcan los datos al sistema, etc. La ausencia de iniciativas del OEP en las ciudades tiende a empeorar notablemente en las poblaciones rurales, donde existe una buena posibilidad que las irregularidades sean mucho mayores y la eventualidad de enmendarlas, por parte de los electores, sea muy baja o nula.

Pero además de cabalgar sobre las molestias y disgustos de los afectados, el TSE continúa sin asumir las acciones para corregir este bodrio, porque no se conoce iniciativa suya alguna para penalizar a los que falsificaron inscripciones y firmas; fraguaron y mal utilizaron datos, dentro de la clásica tradición de jinetes abusivos y explotadores que asumen la gran mayoría de presuntos servidores públicos y los partidos, como las organizaciones privilegiadas con la exclusividad de presentar candidatos y nombrar administradores estatales. El OEP y el Ministerio Público están obligados a apoyar de oficio a quienes hemos sido víctimas de fraude, de manera que el OEP nos entregue la información del libro e inscripción falsa, a nombre de cada uno, para que el Ministerio Público identifique y procese a los responsables concretos y el OEP aplique sanciones a la negligencia, culposa o dolosa, de los partidos.

¿Mucho pedir? No, en realidad desde el punto de vista de la calidad democrática y del ejercicio de la participación y el control social ordenados por la Constitución. Pero efectivamente excesiva, si se juzga la demanda desde el punto de vista de la lenidad de una burocracia cada vez más ineficiente y proclive a corromperse.

El día en que el TSE deba rechazar la inscripción del binomio oficialista por incumplir y atropellar la Constitución y la voluntad soberana y democrática podrá verse, sin dudas ni excusas, cuán decididos están sus miembros a asimilarse a la comparsa de violentos y parasitarios jinetes que han capturado el Estado y se regocijan con el abuso del poder que eso les ha otorgado.