A pesar de la expulsión en 2008 del Embajador de Estados Unidos en Bolivia y de la DEA, y en 2013 de Usaid, Estados Unidos sigue realizando un proceso de injerencia en nuestro territorio, ignorando las reglas básicas de la diplomacia internacional, como son el principio de no injerencia y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

Siguiendo la lógica imperial, la administración Trump ha amenazado a Bolivia con bloquear el financiamiento internacional bajo el argumento de que no se persigue suficiente la trata de personas y el trabajo infantil, en lo que parece ser un primer intento de realizar una interferencia en un asunto interno como son las elecciones presidenciales que se van a celebrar en 2019.

La amenaza se asemeja a la que en 2002 hizo el embajador estadounidense Manuel Rocha, advirtiendo que el apoyo al entonces candidato Evo Morales le costaría a Bolivia la supresión de la ayuda bilateral estadounidense, cifrada en un total de 120 millones de dólares. 

Hoy, 2018, y con una inversión pública de 8.000 millones de dólares frente a los 600 millones de 2005, parece claro que el mejor camino que pudo tomar Bolivia fue recuperar la soberanía política, económica y territorial, nacionalizando los recursos naturales, convocando a una Asamblea Constituyente, y refundando el Estado.

La amenaza de injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral boliviano no es sólo una ocurrencia de la administración Trump, sino fruto de la política injerencista de unas élites políticas y económicas, así como del complejo industrial-militar, que en la medida en que fortalecen relaciones con los países vecinos a Bolivia, especialmente con la Argentina de Macri, y el Brasil de Bolsonaro, se le hacen más incómodas las relaciones con el país que suministra el gas con el que se mueve la industria de esos dos países, y que tampoco olvidemos, tiene las reservas más grandes de litio, una de las principales fuentes de energía del futuro inmediato en el planeta.

Sería deseable una relación de entendimiento y respeto mutuo entre la administración Trump y el gobierno de Evo Morales, cuyo gobierno es el primero que desea normalizar las relaciones. Pero esa relación debe ser de igual a igual, respetando la soberanía de cada país. Igual que Bolivia y su gobierno y Presidente no realizan ningún tipo de injerencia en suelo estadounidense, y respetan el resultado de sus diferentes elecciones, más allá de sus propias preferencias políticas, una posición similar es lo mínimo exigible al Gobierno del norte.

Debemos por tanto estar vigilantes ante cualquier intento de intromisión extranjera en el proceso electoral boliviano. Es legítimo opinar, pero no condicionar ni chantajear a un gobierno soberano. Y si Estados Unidos está apoyando de manera encubierta a alguno de los candidatos de oposición, también es necesario que la ciudadanía conozca a quién apoyan, y por qué motivos lo hacen. No se puede obviar que EEUU preferiría tener un mandatario y un gobierno más cercano a sus intereses y que pudiese suministrarle, en condiciones de subordinación, los recursos naturales que tanto necesita para continuar sus guerras permanentes por petróleo y demás recursos estratégicos.