No solo ha vuelto tras las rejas el polémico Alcalde cochabambino y vicepresidente de Movimiento Social Demócrata (Demócratas), ha decidido seguir gobernando el municipio alegando que el estar en detención preventiva no le impide ejercer el cargo, al que había sido restituido el miércoles pasado.

El burgomaestre estuvo hasta la semana pasaba con detención domiciliaria por el caso Mochilas I, por la supuesta compra irregular de mochilas y material escolar en 2018, que comprometió Bs 12,4 millones, en el marco del cual se le prohibió acercarse al gobierno edil y tomar contacto con otros acusados. Ante esa situación, que se extendió por siete meses, el Concejo Municipal designó a una concejala como alcaldesa interina.

Al día siguiente de recobrar su libertad, cuando realizó una emotiva visita a la Catedral, donde lloró a los pies de la Virgen quien poco antes se había declarado evangélico, el Alcalde se sometió a una audiencia de medidas cautelares por el caso Mochilas II, por presunta adjudicación arreglada para la provisión de mochilas chinas en 2017, que comprometió Bs 11,1 millones, y de la cual salió directo al penal.

También es procesado por la presunta adquisición irregular de equipos de seguridad (en el denominado caso Cámaras), por la compra de insumos de oficina (caso Materiales), y un caso de estafa. Todos ellos dan cuenta de un bien estructurado sistema de malversación a través de las actividades de contratación de bienes y servicios. El ahora detenido preventivo y otros jerarcas de su partido político insisten en señalar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de estar tras un montaje político de acusaciones infundadas.

Es muy posible que, siendo el Alcalde de Cochabamba una persona de gran influencia y poder en el partido Demócratas, el estigma que debe cargar haya sido causa de dificultades a la hora de negociar acuerdos con otras fuentes políticas. En el camino, la actuación de abogados y jueces hace cada vez más difícil creer en la rectitud de cualquier decisión que se adopte sobre las acusaciones, favorezca o no al acusado.

Ciertamente hay intereses políticos detrás del modo en que se administran los casos contra el acusado de corrupción, mas eso no impide afirmar que las estrategias de defensa y el obcecado intento de retener no solo el poder, sino la administración en el gobierno local cochabambino inspiran sospechas y desconfianza. Mientras tanto, la gestión del gobierno local y las necesidades y demandas de la población quedan relegadas como si no fuesen prioridad.