Página Siete / La Paz

Polémica porque José María Leyes puede dirigir la Alcaldía de Cochabamba desde el penal de San Antonio. Sus colaboradores aseguran que puede hacerlo y la oposición que no y apela a la ética.

El secretario ejecutivo del municipio, Álex Contreras, explicó que lo único que se le restringe a la autoridad edil es la libertad, pero puede firmar documentación, recibir a funcionarios, coordinar acciones de gestión y que así se hará.

El martes su equipo jurídico interpondrá una acción de libertad para que pueda retornar a la comuna y desarrollar con normalidad sus actividades.

“Queremos enfatizar que  en más de siete meses de un injusto  proceso a Leyes  no  se le pudo comprobar nada. Tanto en el caso mochilas uno como mochilas dos se ha comprobado sobreprecio”, remarcó Contreras en una entrevista con Panamericana.

Denunció que en la última audiencia que duró 11 horas y que terminó con su detención preventiva  en el penal de San Antonio, hubo presiones políticas y partidarias desde altas esferas de Gobierno.

El caso Mochilas I comenzó a investigarse a denuncia de la concejal Rocío Molina (MAS) por presuntas irregularidades en la compra de 93.000 mochilas por 12,4 millones de bolivianos para la gestión 2018.

El caso Mochilas II se comenzó a investigar por la  denuncia del Viceministerio de Transparencia que observó la compra de 91.000 mochilas por 11 millones de bolivianos para la gestión 2017. Según el importador, pagó una coima de 45.000 dólares.

Contreras manifestó que las únicas personas con las que Leyes no puede tener contacto son  los funcionarios de Transparencia, sistemas, finanzas y de la Empresa de Áreas Verdes y Recreación Alternativa. 

Por eso dijo que ha coordinado con el secretario general para que pueda llevar adelante la gestión con estas cuatro instancias con la que la justicia restringió contacto. “Como gobierno municipal hemos delineado una estrategia para dar cumplimiento a eso y que Leyes ejerza su mandato como alcalde”, enfatizó.

La concejal Rocío Molina, quien destapó las irregularidades en la compra  de las mochilas, aseguró que el exalcalde no puede ejercer funciones, porque  cuando existe impedimento legal como es este caso la detención, se nombra a un suplente.

Pero también apeló a la cuestión ética, al observar si es normal que  se tenga que ingresar documentación del municipio  a una penitenciaria, recibir visitas protocolares.

Para la concejal raya en lo irracional que el exalcalde intente desarrollar su gestión desde la cárcel.  “Continúa la incertidumbre, no sabemos quién es el alcalde, porque Leyes asumió una serie de medidas administrativas que no solamente rayan en lo ilegal, sino irracional”, subrayó.

Molina puntualizó que el artículo  11 de la Ley de Municipalidades dice que la ausencia por impedimento temporal del alcaldesa o alcaldesa, concejal o concejales surtirá efectos legales cuando emerja de instancias jurisdiccionales o  instancia competente cuando corresponda hasta que cesen los efectos de la causa del impedimento.

En ese caso, agregó, que el impedimento es que la ex autoridad  es un su jeto  privado de libertad por delitos de corrupción y daño económico al Estado.

Leyes   retornó el  pasado miércoles a sus funciones como burgomaestre después de  conseguir una acción de libertad por el caso mochilas I luego de siete meses de permanecer con detención domiciliaria.  Sin embargo, por el  caso Mochilas II un juez determino su reclusión en la cárcel.